El proyecto propone un modelo de gestión, producción y administración de los medios públicos de la ciudad, discutidos y consensuados en un ámbito formado por los poderes institucionales, la academia y los trabajadores. La iniciativa busca crear medios que los porteños adoptemos como propios, porque sentimos que nos hablan y hablan de nosotros, porque su lenguaje nos representa, porque nos invita a coexistir y compartir en el marco de una ciudad que se nos revela tumultuosa y enigmática.
Si bien el proyecto de Muñoz formaliza la letra de la Constitución de la CABA, que establece que la gestión de los medios estatales se debe llevar a cabo a través de un ente autárquico, el Presidente de la Comisión de Comunicación Social consideró “no queremos que esta ley sea sólo un cumplimiento formal de la Constitución, el debate central es qué medios públicos queremos, la Ciudad de Buenos Aires está absolutamente ajena a este debate, queremos que nuestros medios dejen de ser ignorados, secundarios, y estén a la altura de nuestra ciudad”.
En estas últimas décadas los medios públicos estuvieron atravesados, primero, por duras críticas, en referencia a su inutilidad y su manipulación en manos del Estado, fundamentos necesarios para el plan privatista aplicado por el menemismo; y segundo, por la resignificación de los mismos, como herramienta de políticas inclusivas y ajenos a la lógica mercantilista.
En los fundamentos del proyecto de ley, Fernando Muñoz afirma “El objetivo de este proyecto es el de proteger y potenciar los medios de comunicación públicos de la CABA, porque entendemos que lo público es el espacio de lo común, lo opuesto a lo individual, es el lugar del encuentro, de la multiplicidad y el consenso”.
La iniciativa, acompañada por los Diputados Fucks, Form, Rachid e Ibarra, fija que el canal Ciudad Abierta y la Radio Ciudad deberán emitir un mínimo de 60% de producción local, un 40% de difusión de música de artistas nacionales y tres horas diarias para programas infantiles. Asimismo, el proyecto busca erradicar la violencia simbólica que se expresa en discursos que estigmatizan a las personas según su género, orientación sexual, origen étnico o social. Finalmente, la ley contiene una cláusula de conciencia para periodistas, que garantiza sus derechos cuando se encuentra en riesgo su independencia en el desempeño de sus actividades.
“Los medios públicos no pueden ser pensados en términos de beneficio y ganancia, la información es un bien simbólico y un bien que no debería ser apropiado como una mercancía más, es por eso que creemos en medios públicos que cumplan una función social, que sean un instrumento para la democracia participativa”.
“Consideramos que es hora de debatir el rol de los medios públicos de la ciudad, por eso presentamos esta iniciativa y la ponemos a consideración de los actores sociales, académicos y trabajadores de la comunicación para debatir un proyecto que pretendemos que sea consensuado con todos los actores involucrados”.
El debate del texto de la ley será el próximo 31 de agosto a las 17 hs en la sala Juan L. Ortíz de la Biblioteca Nacional.
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