La Justicia porteña hizo lugar a la acción de
amparo interpuesta por el legislador
porteño Fernando Muñoz e intimó al Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de
la Ciudad (CUCICBA) a dar información sobre las denuncias efectuadas contra las
inmobiliarias por el cobro ilegal de comisiones, la nómina de matriculados con
sanciones disciplinarias firmes y si se adoptaron medidas contra la
"publicidad engañosa" en relación al monto máximo de comisión.
La acción de amparo presentada por Fernando Muñoz
(Liberación - FpV) se basa en las respuestas ambiguas, parciales y evasivas que
emitió el colegio que agrupa a las inmobiliarias (CUCICBA) a los dos pedidos
formales de acceso a la información pública que presentó el diputado.
La sentencia del juez Marcelo López Alfonsín,
titular del juzgado 18 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad de Buenos Aires, afirma que "la conducta asumida por el colegio no
satisface en absoluto el derecho de acceso a la información[...], atento las
respuestas genéricas y evasivas esgrimidas por la demandada".
Al respecto, Fernando Muñoz señaló "este fallo
de la justicia es valioso para los inquilinos de la Ciudad porque deja en
evidencia que CUCICBA está el servicio de los intereses inmobiliarios, cuando
el organismo fue creado por ley en 2007 se estableció que su función era
controlar y sancionar a los corredores inmobiliarios, sin embargo, en los
últimos años solo una inmobiliaria fue sancionada por cobrar comisiones
ilegales. Esto es posible por la absoluta connivencia entre CUCICBA y el
Gobierno de la Ciudad, que le entregó el control de las inmobiliarias a las
mismas inmobiliarias. El macrismo no trabajó nunca en la defensa de los
inquilinos, porque representa los intereses usureros de estos intermediarios y
de las principales constructoras de la Capital".
Y agregó "es importante entender que la ley
establece que el máximo de comisión inmobiliaria es de 4,15% del valor total
del contrato, lo que representa alrededor de un mes de alquiler, todos los inquilinos
de la Ciudad saben que no existe ninguna inmobiliaria que cobre menos de dos
meses".
"Esta violación de la ley es un transferencia
de dinero millonaria de los bolsillos de los inquilinos a las inmobiliarias,
los 150 mil contratos de alquiler que se renuevan cada dos años en la Ciudad
representan un ingreso 'extra' de las inmobiliarias de $750 millones, esto
significa que en un día estos intermediarios se apropian de un millón de pesos
que les corresponden a los inquilinos", precisó Muñoz.
En tanto, la publicidad engañosa se refiere a los
avisos de alquiler que publican las inmobiliarias en páginas de internet y en
otros soportes, en los cuales solicitan abiertamente una comisión ilegal para
acceder a la vivienda. Al ser tan sencillo identificar a los infractores, Muñoz
pidió información sobre las medidas que se emplean en contra de este tipo de
prácticas. Por último, CUCICBA deberá explicar por qué, desde junio de 2014,
exige el pago de un arancel de $360 para que un inquilino denuncie a una
inmobiliaria.
El fallo del juez López Alfonsín destaca que el
Colegio Único de Corredores Inmobiliarios deberá brindar "dentro del plazo
improrrogable de cinco días hábiles" la información solicitada por
Fernando Muñoz, la cual deberá ser "específica, clara y concreta, sin
remisiones o vinculaciones a sitios informáticos u otros documentos o soportes".
Muchísimas gracias por su trabajo diputado Muñoz, soy inquilina y sufro las dificultades de rentar en Capital Federal, de hecho este año tengo que cambiar de departamento y ya estoy preocupada porque se lo que me espera ya que impunemente, tanto inmobiliarias como particulares, piden garantías de familiares directos de Capital Federal, adelantos desopilantes y generalmente, no permiten mascotas. Espero de todo corazón, que su trabajo de frutos y alquilar no sea una misión imposible.
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