El proyecto presentado por el Legislador porteño del Frente Progresista Popular busca que la Ciudad de Buenos Aires adhiera a la Ley 26.940 (REPSAL).
El REPSAL (Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales) es un registro de empleadores sancionados por trabajo no registrado y por infracciones a las leyes de prohibición del trabajo infantil y trata de personas detectadas por los organismos de fiscalización laboral del Estado nacional y de las jurisdicciones provinciales.
Se trata de una herramienta de carácter público para enfrentar el empleo no registrado y promover el derecho a un trabajo digno con una remuneración justa, acceso a la seguridad social y a la representación sindical, y evitar la competencia desleal entre empresas.
Los empleadores que permanezcan en el REPSAL no podrán acceder a programas, acciones de fomento, o subsidios del Estado. Tampoco a líneas de crédito de bancos públicos. Quienes reincidan en la misma falta serán excluidos del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes o se les impedirá deducir del impuesto a las ganancias los gastos inherentes al personal.
Fernando Muñoz afirmó que “con esta ley apuntamos a combatir el trabajo en negro, la precarización, el trabajo infantil y adolescente así como las condiciones de explotación laboral”.
Según un reciente informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el empleo informal en la Ciudad de Buenos Aires es del 21,1%. Es por esto, que el Legislador porteño considera de suma importancia que el Gobierno de la Ciudad adhiera a este registro y deje de beneficiar a las empresas que no cumplan con la totalidad de los requisitos legales para contratar personal.
Actualmente, cinco empresas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires están incluidas en el REPSAL. Entre ellas, Altote S.A, una importante empresa constructora dedicada a la obra pública y privada, que ha realizado trabajos para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los Municipios de La Plata, Vicente López y Hurlingham.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario