Entrevista a Fernando Muñoz en Radio Palermo

El Legislador porteño del Frente Progresista y Popular, Fernando Muñoz, dio una entrevista en el programa Ambiente Sustentable, que se emite todos los miércoles de 19 a 20 hs por Radio Palermo. Habló sobre el vaciamiento de la salud pública que lleva a cabo el macrismo y el paro de 48 horas que realizaron 25 hospitales públicos en reclamo de seguridad.

Junto a los compañeros de salud de la Ciudad

Junto a los compañeros del Hospital Rivadavia, contra los negociados y el vaciamiento macrista en la Ciudad.-

Video en las puertas del Hospital Rivadavia CLICK AQUÍ 

Entrevista a Fernando Muñoz en Radio Nacional

Ante el silencio de la gestión macrista, la delegación porteña de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decidió extender el paro en reclamo de mayor seguridad luego de los episodios de violencia que ocurrieron en el Hospital Rivadavia. Miriam Lewin entrevistó a Fernando Muñoz, legislador porteño por el Frente Progresista Popular quien denunció que “hay una ausencia absoluta” por parte de las autoridades de la Ciudad.

El audio se puede escuchar en este link

Extienden el paro en el hospital Rivadavia

Luego de las amenazas con jeringas usadas y los violentos sucesos ocurridos el sábado por la madrugada en el nosocomio de Recoleta, la Asociación Trabajadores del Estado decidió seguir con la medida de fuerza hasta el miércoles al mediodía. Exigen mayor seguridad y planean una movilización a la jefatura de gobierno.

Tras los hechos violentos que tuvieron lugar el sábado a la madrugada en el hospital Rivadavia, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decidió extender la medida de fuerza hasta este miércoles al mediodía, cumpliendo de esta manera 48 horas de cese de actividades en las cuales se exige seguridad en los nosocomios porteños.

Rodolfo Arrechea, delegado del Rivadavia y directivo nacional de ATE, le comentó a Crónica que “el paro tuvo un acatamiento del 100 por ciento por parte del personal no médico del hospital Rivadavia, ahora se sumaron a la medida 24 hospitales que están nucleados en el ATE. Esta medida se extenderá hasta mañana al mediodía, aunque las guardias y las emergencias van a funcionar. Se suspenden las operaciones programadas, atenciones en consultorios externos, servicios de laboratorio, hemoterapia y radiología. Esperemos que la promesa que hizo el gobierno de la ciudad se cumpla, en la cual la ministra (Graciela Reybaud) dijo que se iba a reunir con nosotros y todavía estamos esperando, es por eso, que llegamos a esta decisión de ir al paro”.

El delegado agregó que “cada 24 horas personal sea médico o no, sufre una agresión por llevar atención médica en la ciudad de Buenos Aires, y sólo de consultas tenemos 9.347.000 consultas externas, más de 170 mil operaciones programadas, guardias abarrotadas, o sea, lo que en otros países más desarrollados nos admiran, acá nos cuesta sostenerlo. Queremos que la gente se sienta contenida y tenga respuestas, y que no sea agredida por el estado. No hay una cuestión de plata en la ciudad, hay una indeficiencia marcada de una ministra de salud que ni le conocemos la voz, no sabemos que piensa sobre la situación sanitaria en la ciudad”.

Lo cierto, es que trabajadores, enfermeros y doctores del hospital Rivadavia se hicieron presente en la puerta del establecimiento para pedir “más seguridad”, e invitaron para el miércoles al mediodía a otras agrupaciones sociales y funcionarios a evaluar la propuesta del Gobierno de la Ciudad, y se especula en caso de no tener respuesta por estas horas, en realizar una marcha a la jefatura de gobierno para que escuchen sus pedidos de seguridad.

En tanto, el diputado del Frente Progresista y Popular (FPP), Fernando Muñoz, acompañó a los trabajadores y dijo que “esto es parte de una estrategia que está más cerca de desmantelar el hospital que de apuntalarlo. Creo que el recurso humano es esencial en la salud pública. El gobierno porteño gasta más en infraestructura que en recursos humanos. De hecho, en los últimos tres meses el gobierno gastó 40 millones de pesos en seguridad privada, terciariza la seguridad privada para proteger al Teatro Colón o al Instituto de Vivienda, y no utiliza ese decreto de urgencia para contratar policías metropolitanos para los hospitales públicos y su seguridad”.

Este artículo fue publicado en Diario Crónica el 14/04/2015

Muñoz: “Al macrismo no le interesan los hospitales públicos”

El legislador ibarrista tiró munición gruesa contra el macrismo por no garantizar seguridad dentro del Hospital Rivadavia, donde el pasado sábado dos jóvenes amenazaron a los médicos con agujas utilizadas.

“Al macrismo no le interesan los hospitales públicos, su sistema de salud se basa en expulsar a la mayor cantidad de pacientes posibles al sistema de medicina privada, es un gobierno que aplica la lógica de la rentabilidad a todos los aspectos de nuestra sociedad”, disparó el diputado porteño del Frente Progresista Popular Fernando Muñoz.

La declaración del hombre que responde a Aníbal Ibarra se dio en el marco del episodio de violencia ocurrido el fin de semana en el Hospital Rivadavia, cuando dos jóvenes irrumpieron en el establecimiento sanitario, tomaron agujas que habían sido utilizadas y amenazaron a médicos y enfermeros para que los atiendan inmediatamente.

Para Muñoz, el macrismo decidió dejar sin seguridad a los trabajadores de la salud, a pesar de que en cuatro meses el Ministerio de Seguridad, a cargo de Guillermo Montenegro, contrató de “urgencia” servicios de seguridad privada por más de 37 millones de pesos.

Según el diputado ibarrista, entre noviembre de 2014 y febrero de 2015, el macrismo utilizó 608 veces el decreto 556/10, reservado a casos de “urgencia” e “imprescindible necesidad” para adquirir productos y servicio por el monto de $203.513.526. De esa cantidad, el 58% corresponden a contrataciones del Ministerio de Salud ($119.932.563) y el 19% al Ministerio de Seguridad y Justicia ($40.342.350)

Las contrataciones directas y las de “urgencia” e “imprescindible necesidad”  son contrataciones sin licitación, en las cuales el Estado opta discrecionalmente por una empresa, sin que exista ningún mecanismo previo de control. Según la normativa, estas contrataciones deben estar debidamente fundamentadas y se deben utilizar excepcionalmente, cuando existan motivos que no permitan utilizar los mecanismos habituales.

Muñoz comunicó que más del 95% de las contrataciones realizadas por el Ministerio de Seguridad y Justicia (publicadas en el Boletín Oficial) fueron para contratar servicios de seguridad privada. Entre los lugares que debían custodiar, figuran el Teatro Colón, el Instituto de la Vivienda, SBASE y las sedes de los Ministerios. “Ni un solo peso que destinó esa cartera a contratar servicios de seguridad se utilizó para reforzar la seguridad en los hospitales públicos”, informó.

Por último, el legislador que busca renovar su banca indicó “el desprecio por lo público queda en evidencia cada vez que presentan en la Legislatura el presupuesto para el año siguiente y aún más cuando vemos que destinan seguridad privada para cualquier cosa menos para los hospitales públicos”.

Este artículo fue publicado en www.letrap.com.ar el 14/03/2015

Para Muñoz “lo que pasó en el Hospital Rivadavia no es inseguridad, es corrupción”

El diputado del interbloque kirchnerista apuntó contra el Gobierno porteño por retirar la Policía Metropolitana de los hospitales públicos y crear un “modelo para que los ciudadanos sean absorbidos por empresas de medicina privadas”.

El legislador porteño Fernando Muñoz (FPP) denunció, este lunes, la desprotección que sufren los trabajadores de los 33 hospitales públicos porteños. Tras el episodio de violencia ocurrido en el Hospital Rivadavia durante este último fin de semana - en el que dos jóvenes irrumpieron en el establecimiento y amenazaron a médicos cirujanos y enfermeros con jeringas y agujas usadas, para que los atiendan en forma inmediata- el diputado apoyó la medida de fuerza del paro de 24 horas, convocado por ATE en reclamo de seguridad.

Muñoz afirmó que “el macrismo dejó en un estado de total indefensión a los trabajadores de los hospitales públicos porteños, lo que pasó en el Rivadavia es consecuencia de haber retirado del lugar a la Policía Metropolitana y de haberla suplantado con sistemas de seguridad privada, que cobran millonarios contratos y no cumplen con sus funciones”.

“Tras 8 años de gestión, Mauricio Macri destruyó el sistema de salud en pos de transferir al sector privado la mayor cantidad de pacientes. El modelo macrista está diseñado para que los ciudadanos se conviertan en clientes y sean absorbidos por las empresas de medicina privadas, donde las empresas acrecientan sus ganancias por medio de contrataciones directas de insumos o licitaciones dudosas”, señaló el legislador.

El diputado del Frente Progresista y Popular participará este martes a las 8 de una conferencia de prensa en el Hospital Rivadavia, ubicado en avenida Las Heras 2670.

Este artículo fue publicado en www.parlamentario.com el 13/04/2015

Muñoz: “Es un gran avance en la lucha por conseguir condiciones más justas para alquilar”

Así calificó el diputado porteño a la conformación del Frente de Inquilinos Nacional. Aseguró que los inquilinos “sufren abusos en todo el país” y que “es la responsabilidad del Estado por no regular el mercado inmobiliario”.

Este viernes, organizaciones de inquilinos de todo el país dieron una conferencia de prensa conjunta en la Casa de Tierra del Fuego - ubicada en Sarmiento 745- de la Ciudad de Buenos Aires. Participaron ATE Inquilinos, la Asociación Platense de Inquilinos (API), la Unión de Inquilinos de Tierra del Fuego (UITDF), la Unión de Inquilinos de Rosario (UIR), la Unión de Inquilinos de Río Negro (UIRN), la Unión de Inquilinos de Neuquén (UIN) y la Unión Argentina de Inquilinos (UAI).

El legislador porteño Fernando Muñoz (FPP) presenció el encuentro y expresó: “el abuso que sufren los inquilinos es un problema que afecta a todo el país, no se trata de una problemática exclusiva de la Ciudad de Buenos Aires, cada localidad tiene sus propias características y sus propias particularidades”.

“Los inquilinos de Neuquén sufrieron un fuerte aumento de precios debido al boom petrolero y a los inquilinos de Bariloche les pasó algo similar pero vinculado con el boom turístico, sin embargo, el abuso que sufren los inquilinos de todo el país tiene algo en común y es la responsabilidad del Estado por no regular el mercado inmobiliario”, agregó.

“Es trascendental que las organizaciones locales confluyan en un organismo más amplio. Acompaño y celebro la conformación del Frente de Inquilinos Nacional porque va a tener un rol esencial presionando al Estado para regular el mercado inmobiliario y apoyando proyectos que mejoren las condiciones de alquiler”.

También participaron del encuentro los diputados María Rachid (FpV) y Aníbal Ibarra (FPP).

Este artículo fue publicado en www.parlamentario.com 

Muñoz presentó un proyecto para otorgar subsidios a Centros Culturales

Diputado del interbloque kirchnerista busca complementar con esta medida la ley sancionada en diciembre pasado, que regula la actividad de los centros. El subsidio “garantizaría su funcionamiento y habilitación”.

El legislador porteño Fernando Muñoz (FPP) presentó un proyecto de ley para que el Gobierno de la Ciudad otorgue un subsidio a los centros culturales, el cual estará destinado a la adecuación de las infraestructuras. La iniciativa establece que el importe del subsidio estará en relación directa con la superficie de piso que cada centro cultural declare, de esta manera se fija un importe referencia de $1.500 por metro cuadrado de superficie. Este importe se materializará en cuatro cuotas mensuales, iguales y consecutivas, asignadas dentro de los dos meses de haber sido solicitada.

En los fundamentos del proyecto de ley Muñoz destacó “hasta diciembre del año pasado no existía una ley específica que tipifique la naturaleza de los Centros Culturales, ni siquiera que los caracterice como tales, esa deuda se subsanó dictando una ley dedicada a regular su conformación y funcionamiento”.

“Sin embargo, si esa ley procura subsanar alguna deuda, lejos estaría de cumplir eficazmente su intención si obligara a hacer inversiones desmedidas y sin ayuda económica financiera que posibiliten una puesta en norma de las instalaciones y la regularización de su situación ante los organismos de control, garantizando su habilitación”, expresó el diputado.

Los centros culturales beneficiarios de los subsidios no podrán percibir por parte del Gobierno de la Ciudad otro subsidio con el mismo destino, y deberán rendir cuenta documentada de su utilización, indicando monto del gasto y destino ante la Autoridad de Aplicación.

La normativa establece además que, la Autoridad de Aplicación -que será designada por el Poder Ejecutivo porteño- tiene facultades de seguimiento y monitoreo, y puede sancionar a la organización, entidad o sociedad que incumpla con lo acordado en el convenio.

Para concluir el legislador sostuvo que “es obligación del Gobierno de la Ciudad garantizar la formación de redes socio-culturales, de fomentar valores y de promover la existencia de lugares de encuentro, y que ello no debe hacerse a expensas del cumplimiento de las normas, por lo cual ante las dificultades que los Centros Culturales pudieran enfrentar a los efectos de re-adecuar normativamente su infraestructura consideramos que es su responsabilidad concurrir en la asistencia de los mismos”.

Este artículo fue publicado en www.parlamentario.com el 08/04/2015

Para Muñoz “se viene la privatización del espacio público porteño más brutal de la historia”

En referencia al sistema de estacionamiento medido, el legislador del interbloque kirchnerista aseguró que las políticas implementadas por la gestión Pro “son un regreso al mercantilismo de los ‘90”.

Luego de que se conociera la próxima fecha -19 de mayo- para la licitación pública de las empresas que brindan el servicio de parquímetros y acarreo de autos mal estacionados, el legislador porteño Fernando Muñoz (FPP) expresó que “el Pro decidió dejar para después de las elecciones el llamado a licitación para 75.000 nuevos parquímetros y 10 nuevas playas de acarreo”, y consideró: “esta va a ser la privatización de espacio público más grande de la historia de la Ciudad de Buenos Aires”.

Muñoz agregó que “Macri les miente a los porteños porque el aumento de los impuestos no tiene nada que ver con la inflación, las políticas implementadas por la gestión Pro son un regreso al mercantilismo de los años ‘90 y dejan a los contribuyentes en un estado de total indefensión”.

“En la nefasta década de los noventa Carlos Grosso abrió el estacionamiento medido con 1.200 parquímetros, pero ahora quieren llegar a 87.000, y con eso la recaudación podría ser de más de cuatro millones de pesos diarios”, manifestó el diputado.

Y continuó: “el otro gran negocio es el acarreo, que en 2007 costaba 58 pesos y que después de las elecciones será de 580. Desde que asumió el macrismo, el precio se multiplicó por diez, y encima ahora van a poner 10 playas nuevas”.

“Mientras muchos distraídos se compran el discurso macrista por los 900 pesos de subsidios a jóvenes desocupados, el Gobierno de la Ciudad le transfiere más de 4 millones de pesos mensuales a las empresas que secuestran autos. Próximamente, cuando terminen las elecciones, el Gobierno llevará el precio del estacionamiento a 4 pesos la hora, unos cuatro millones de pesos diarios, más el fabuloso negocio de casi 600 pesos por liberar cada auto secuestrado”, concluyó Muñoz.

Este artículo fue publicado en www.parlamentario.com el 07/04/2015

Fernando Muñoz: “Si el macrismo no realiza obras estructurales, los barrios Mitre y Saavedra se seguirán inundando”

El Legislador Porteño del Frente Progresista y Popular, Fernando Muñoz, consideró “a dos años de la inundación, en la cual perdieron la vida ocho personas, dos de las cuales eran vecinos del barrio Saavedra, la situación sigue siendo la misma” “Las obras del macrismo en la zona fueron paliativas, no contribuyen a resolver el problema a largo plazo, los vecinos necesitan obras estructurales que atenúen la subida del agua, un plan de emergencia antes las precipitaciones y que se hagan efectivas las medidas judiciales dictadas contra el shopping Dot”.

En Febrero de este año, Fernando Muñoz denunció que el Ministerio de Salud porteño contrató, mediante un decreto reservado a casos de urgencia, la confección y el servicio de envío postal de 100.000 credenciales plásticas para vecinos de zonas inundadas, con el objeto que puedan acceder al sistema de salud pública. Cabe destacar que el sistema de contratación implementado está reservado para casos de urgencia y de imprescindible necesidad, y la inundación ocurrió un año y medio antes. Además, las credenciales plásticas no justifican "una emergencia" porque la ley de salud y la constitución garantizan el acceso gratuito y universal a la atención pública en la ciudad.

Al respecto, el Diputado afirmó “Al macrismo sólo le interesan los vecinos de los barrios Mitre y Saavedra cuando pueden hacer negocios con sus necesidades, eso quedó demostrado con el negocio que hicieron con las credenciales de salud”. “Le pagaron 1.200.000 pesos a una empresa (Latin American Postal S.A.) para que distribuyan de forma urgente innecesarias credenciales de salud, pero las credenciales no llegaron a ningún vecino de los barrios Mitre, Saavedra, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón”.

Al cumplirse dos años de la trágica inundación del 31 de marzo de 2013, vecinos porteños de los barrios Mitre y Saavedra se movilizarán mañana para recordar a las víctimas de ese episodio y reclamar que el Gobierno de la Ciudad realice obras concretas para evitar las inundaciones en la zona. Será a las 18.30 desde Naón y Ruiz Huidobro hasta la Estación L. M. Saavedra.

Este artículo fue publicado en www.genteba.com.ar el 30/3/2015

Fernando Muñoz: "La contratación de urgencia del show de Violetta es un caso de cientos"

El Legislador Porteño del Frente Progresista y Popular, Fernando Muñoz, dio a conocer que el año pasado el macrismo utilizó un sistema de contratación de urgencia para montar el show de Martina Stoessel en el Rosedal. Las contrataciones se fundamentaron en el decreto 556, que plantea la posibilidad de no llamar a licitación en casos de urgencia y de imprescindible necesidad.

En diálogo con Página 12, Muñoz afirmó “La gestión macrista descubrió que era posible contratar en forma directa una productora artística por montos millonarios, amparándose en un decreto reservado para casos de urgencia e imprescindible necesidad y disfrazándolo de solidaridad social, estamos ante un uso discrecional e infundado de esta herramienta administrativa” “Las empresas contratadas, además de tener lazos entre sí, tienen algo en común: Todas participaron en contrataciones previas en realización de eventos. Siempre se les adjudicó contratos con este mecanismo”.

Según consta en el Boletín Oficial, la gestión PRO, mediante resoluciones de los ministerios de Cultura y de Hacienda, autorizó un gasto por seis millones de pesos para el despliegue del espectáculo.  “Más de seis millones de pesos para infraestructura, producción y cachet se pagaron en el recital de Martina Stoessel” –advirtió Muñoz–. Entre las razones que se esgrimieron está -la promoción de la concientización del cuidado del medio ambiente, como también que el que asistiera pudiera donar un juguete- “Disfrazado de acto solidario, la gestión macrista contrató a una productora por montos millonarios. Está claro dónde están las urgencias y cuáles son las prioridades del gobierno macrista.”

Fernando Muñoz ingresó en la Legislatura porteña un proyecto de resolución, mediante el cual exige al Ejecutivo porteño que informe con que previsión de tiempo se planificó el Mega Show de Martina Stoessel; el motivo por el cual se contrató a las empresas Matusik S.A, FA Sostenido S.A, Nuevos Aires Producciones S.R.L., Oymyakon S.A, BDA Producciones S.R.L y 4Piolas S.R.L; el motivo por el cual estas contrataciones no se tramitaron conforme el canal normal y habitual de compras y contrataciones del Estado (Ley N° 2095), entre otros aspectos. En los fundamentos del proyecto, el Legislador Porteño afirma: “Un espectáculo musical no es un servicio esencial para el Estado que justifique la utilización de un sistema excepcional como este. Menos aún un show con la magnitud que detallan las resoluciones de pago; un “mega Evento” (con “música, baile, desfile y acróbatas”) de esta dimensión es algo por demás previsible y planificado, por lo que cuesta entender el motivo por el cual las contrataciones naturalmente previstas para su realización no se cursaron por los canales normales y habituales que establece nuestra Constitución”.

Un espectáculo musical no es un servicio esencial para el Estado que justifique la utilización de un sistema excepcional como este. Menos aún un show con la magnitud que detallan las resoluciones de pago; un “mega Evento” (con “música, baile, desfile y acróbatas”) de esta dimensión es algo por demás previsible y planificado, por lo que cuesta entender el motivo por el las contrataciones naturalmente previstas para su realización no se cursaron por los canales normales y habituales que establece nuestra Constitución.

La información revelada por Fernando Muñoz forma parte de un minucioso estudio que viene realizando de las contrataciones de urgencia publicadas en el Boletín Oficial. Dicho estudio será presentado formalmente en los próximos días.  Al respecto, el Diputado consideró “hace tiempo que el macrismo utiliza este mecanismo de contratación, en el Boletín Oficial figuran más de un centenar de casos, estamos relevando e investigando cada uno de ellos”.  

El pedido de informe se puede leer en este link: http://1drv.ms/1BR2PDZ

Este artículo fue publicado en www.genteba.com.ar el 30/3/2015 

Mirar a Violetta costó lo suyo

Las contrataciones para el show de Martina Stoessel, que cobró unos 400 mil pesos, se hicieron en forma directa y con un mecanismo previsto para emergencias. Las empresas contratadas comparten accionistas, gerentes y, en algunos casos, el mismo domicilio.

Cuando fue el recital, la polémica giró en torno de una foto que mostraba a Mauricio Macri con una mirada indiscreta hacia las curvas de la adolescente Martina Stoessel, que sobre el escenario también es conocida con el nombre artístico de Violetta. Luego se supo que el jefe de Gobierno porteño le había pagado a la cantante de 18 años un cachet de aproximadamente 400 mil pesos. Pero lo que no se supo es que la gestión PRO autorizó un gasto por seis millones de pesos para el despliegue del espectáculo. Las contrataciones se hicieron sin licitación y con un mecanismo reservado a casos de emergencia. Las empresas contratadas comparten accionistas, gerentes y tres de ellas tienen el mismo domicilio.

“La gestión macrista descubrió que era posible contratar en forma directa una productora artística por montos millonarios, amparándose en un decreto reservado para casos de urgencia e imprescindible necesidad y disfrazándolo de solidaridad social”, cuestionó el legislador ibarrista Fernando Muñoz.

El evento se lanzó en mayo del año pasado como un recital solidario para miles de personas, con Stoessel como figura estelar. La consigna era: “Doná un juguete para que los niños que menos tienen puedan disfrutar de la Navidad”. También se planteaba tener más conciencia ambiental. “Quedé embelesado. Martina tiene una magia especial”, dijo Macri, quien apareció junto con la cantante y luego fue cuestionado por la dirección descendente de su mirada. Detrás de ese episodio de vodevil estuvo el gasto millonario que hizo el gobierno porteño para esa puesta de escena. Estos montos recién se conocieron en diciembre del año pasado, cuando se publicaron en el Boletín Oficial porteño.

Cuatro piolas

Se trata de una batería de resoluciones de los ministerios de Cultura y de Hacienda que habilita los gastos en función del decreto 556/10 firmado por Macri, que plantea la posibilidad de obviar las licitaciones en casos de urgencia. Para Muñoz, éste no es el caso de un recital previsto desde hacía meses. Mediante estos decretos, sin pasar por una licitación ni ninguna otra compulsa, el gobierno porteño pagó a una serie de empresas que tienen evidentes lazos entre sí:

- A BDA Producciones SRL el gobierno porteño le pagó 900 mil pesos para el transporte de equipamiento y personal de producción, logística, grúas y limpieza. En la página web de esta firma figuran otras dos de las contratadas para el evento como “empresas asociadas”: Nuevos Aires y 4 Piolas. De hecho, las tres comparten el mismo domicilio: José Antonio Cabrera 5722, departamento 2.

- A Nuevos Aires Producciones SRL le pagó un millón 600 mil pesos por la preproducción y producción en general en escenarios y pasarelas.

- A la firma 4 Piolas SRL otros 800 mil pesos por la instalación eléctrica y el alquiler de un grupo electrógeno. El gerente de esa firma es José Luis López, a quien el Banco Comafi caratuló como deudor irrecuperable con un monto de dinero muy bajo. Otro de los socios de 4 Piolas es Marcos Costa, quien también es director de Oymyakon SA, otra de las empresas contratadas sin licitación.

- La compañía Oymyakon SA recibió otro millón y medio de pesos por la ambientación de interiores y exteriores, el control de los ingresos de personas y vehículos y “el alquiler de utilería y mobiliario para distintas actividades”. Su presidente es Roberto Costa y uno de sus socios es Christian Eduardo Romanello, quien es director suplente de otra de las empresa contratadas: Matusik SA.

- A la empresa Matusik SA el gobierno porteño le pagó medio millón de pesos por el alquiler de pantallas LED gigantes. “El ministerio (de Cultura) cuenta con compromisos asumidos desde el mes de diciembre”, es el único argumento que se da, además del decreto, en todos los casos.

- Finalmente, la empresa Fa Sostenido SA recibió otros 700 mil pesos. En este caso, por el montaje y desmontaje de los camarines, la ambientación, la decoración, el catering y el servicio de Internet para la prensa e invitados.

En todos los casos se puso el pretexto de la “imprescindible necesidad” para no pasar por ningún tipo de compulsa o licitación a la hora de contratar estos servicios que, sumados al cachet de Stoessel (que nunca se informó oficialmente), superaron los seis millones de pesos. Las relaciones entre las empresas deja la sospecha de que el dinero fue todo a parar a las mismas manos.

El legislador Muñoz advirtió que las empresas contratadas, además de tener lazos entre sí, tienen algo en común: “Todas participaron en contrataciones previas en realización de eventos. Siempre se les adjudicó contratos con este mecanismo, reservado para casos de urgencia”.

“Más de seis millones de pesos para infraestructura, producción y cachet se pagaron en el recital de Martina Stoessel –advirtió Muñoz–. Entre las razones que se esgrimieron está ‘la promoción de la concientización del cuidado del medio ambiente, como también que el que asistiera pudiera donar un juguete’. Disfrazado de acto solidario, la gestión macrista contrató a una productora por montos millonarios. Está claro dónde están las urgencias y cuáles son las prioridades del gobierno macrista.”

Este artículo fue publicado en Página 12 el 30/03/2015

El diputado Fernando Muñoz presentó un pedido de informe sobre el programa Alquilar se Puede

El Legislador porteño del Frente Progresista y Popular, presentó un proyecto de resolución mediante el cual exige al Poder Ejecutivo macrista que informe, distintos aspectos del sistema de garantías bancarias para inquilinos ofrecidas por el Banco Ciudad de Buenos Aires desde el año 2010 y el programa “Alquilar se Puede” del Instituto de la Vivienda. La iniciativa contó con la adhesión de los Diputados Edgardo Form y Aníbal Ibarra.

Al respecto, Muñoz afirmó “El programa Alquilar se Puede es una tomadura de pelo más a los inquilinos. La garantía bancaria que ofrece el Jefe de Gobierno a través de una pomposa y carísima publicidad es una ley aprobada en 2010 en la Legislatura que se viene implementando en el Banco Ciudad sin ningún resultado. Es un crédito personal más de los que ofrece el banco y que no acepta ninguna inmobiliaria”.

El proyecto de resolución establece que el Ejecutivo deberá informar: los diferentes mecanismos que brinda el Banco Ciudad a efectos de facilitar la garantía bancaria para inquilinos; un listado de garantías suscriptas dentro del marco del programa desde el 6/3/2011 a la fecha; cantidad de interesados que se han inscripto en el programa “Alquilar se Puede”; la tasa de rechazo de solicitudes de créditos para el mencionado programa indicando las razones para el no otorgamiento; la razón de limitar el programa a personas entre 18 y 35 años; la razón del lanzamiento del programa “Alquilar se Puede” en el año 2015 cuando ya existía el sistema ofrecido por el Banco Ciudad desde el año 2011 y el gasto total de la campaña publicitaria “Alquilar se Puede”.

Fernando Muñoz, que desde hace tiempo trabaja en la problemática de alquileres en la Ciudad, definió la medida como “un movimiento de campaña para que creamos, ingenuamente, que el macrismo tiene voluntad de resolver este enorme problema que afecta a todos los inquilinos. Sin embargo, el PRO tomó desde el principio la decisión de trabajar para las inmobiliarias y no para los inquilinos”. En cuanto a los beneficios del programa, Muñoz aclaró que “ninguna inmobiliaria acepta garantías bancarias. El inquilino, además de pagar todas las comisiones, tiene ahora que pagar un crédito bancario. Lo que Macri llama ahorro previo, no es más que pagar un crédito con anterioridad”.

Finalmente, el diputado enfatizó: “vengo trabajando para lograr una solución real a todos los inquilinos de la Ciudad. Hemos presentado dos proyectos de ley, uno para crear dentro de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, la oficina de atención a inquilinos, para que el Estado se haga cargo de defender al inquilino de los abusos de las inmobiliarias. Y otro para que todas las inmobiliarias de la Ciudad expongan la ley 23.091 (de alquileres) y la ley 2.340”.

Este artículo fue publicado en www.radionacional.com.ar el 30/3/2015

Rodríguez Larreta en la mira por desvío de fondos

Los legisladores porteños Fernando Muñoz y Aníbal Ibarra advirtieron sobre la supuesta reasignación de una remesa de dinero público para la organización de un evento de modas que impulsa el gobierno de la Ciudad.

La reiterada reasignación de fondos para la cuñada del jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el precandidato al cual el líder del PRO, Mauricio Macri, brindó su apoyo en la interna partidaria, y la coincidencia de la campaña para las PASO que se celebrarán el próximo 26 de abril en la Capital Federal, generó un pedido de informes de parte de un grupo de legisladores de la ciudad por el destino que lleva ese dinero público y el vínculo familiar que lo envuelve.

Los diputados del Frente Progresista y Popular, Fernando Muñoz y Aníbal Ibarra, advirtieron una serie de movimientos en la partida cuestionada en la que observaron una superposición de funciones y el lazo parental de Rodríguez Larreta.

"El origen del pedido de informes tuvo que ver con una transferencia de una partida presupuestaria que estaba destinada a mejorar villas porteñas y fue al programa Ciudad de Moda", indicó Muñoz, en diálogo con este medio.

"A partir de ahí hicimos un seguimiento" explicó Muñoz que al detallar la situación puntualizó que "curiosamente aparece" la cuñada de Rodríguez Larreta quien según el legislador, figura como directora de contenido.

"Esto no figura formalmente en el Boletín Oficial. No hay ningún nombramiento en el Boletín Oficial y estamos hablando de la cuñada del jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta", remarcó Muñoz.

En ese sentido, el legislador precisó que al volver a revisar esos elementos "vimos que hay una empresa, Diada Producciones, que es la única que se presenta a la organización", cuya dueña, aseveró, es la familiar del jefe de Gabinete porteño.

Cuatro millones este año

"Buscando antecedentes vemos que en 2014 también estaba Diada Producciones como única oferente" subrayó el legislador porteño. "En 2014 recibió 1.861.000 pesos y este año 4.000.000", añadió al sumar elementos sobre los que fundamenta su sospecha.

Muñoz e Ibarra advirtieron en la presentación conjunta realizada con el propósito de obtener precisiones sobre la cuestión, que los últimos movimientos de fondos que están registrados, denotan un aumento entre 2014 y 2015 de más del 100 por ciento".

"Así fue que iniciamos un pedido de informes" señaló el diputado de la ciudad al ahondar sobre la cuestión que planteó junto a su par de bancada y exjefe de gobierno porteño.

"Estamos hablando -indicó- de 4 millones de pesos transferidos a una empresa relacionada con el jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta. Además hay una incompatibilidad absoluta" en la reasignación puesta bajo la lupa por los dos legisladores del Frente Progresista y Popular.

Por último, Muñoz reiteró: "Es una transferencia a una empresa de la cuñada del jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta en tiempos en los que se busca la transparencia y donde se habla de uso de fondos públicos en campaña".

Este artículo fue publicado en Diario Popular el 29/03/2015

Iron Mountain: Quieren crear una "Comisión investigadora"

La iniciativa surgió en el legislador porteño, Fernando Muñoz. Su proyecto contó con la adhesión de la diputada María Rachid y los diputados Edgardo Form y Jorge Taiana, entre otros.

El Legislador porteño del Frente Progresista Popular Fernando Muñoz presentó un proyecto de resolución para crear una Comisión Investigadora del incendio de la empresa Iron Mountain en el ámbito de la Legislatura de la ciudad.

La iniciativa contó con la adhesión de la diputada María Rachid y los diputados Aníbal Ibarra, Edgardo Form y Jorge Taiana, según indicó un comunicado del legislador.

La iniciativa establece que la comisión estará integrada por 17 diputados (uno por cada bloque de la Legislatura) y un integrante que corresponderá a la Junta de Ética.

La comisión, según la propuesta, tendrá 120 días para expresar mediante un informe final las conclusiones a las que arribe.

Al respecto, Fernando Muñoz afirmó "dada la gravedad de esta situación, impulsamos la creación inmediata de una Comisión Investigadora independiente que, en el marco del artículo 83 de la Constitución de la Ciudad, avance en la clarificación de los responsables de esta tragedia".

"Desde el día del incendio hasta ahora, Mauricio Macri guarda un silencio cómplice, claramente no quiere perjudicar sus intereses ni el de los grupos económicos que defiende", afirmó.

"Detrás de esta tragedia, en la que perdieron la vida 10 personas, entre bomberos y socorristas, hubo un acuerdo entre la empresa y sus clientes para eliminar documentos, incluso, la Unidad de Información Financiera anunció el 9 de marzo pasado que presentaría documentos ante la Justicia que buscarían sustentar esta hipótesis", dijo.

Agregó que la Procuraduría Contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (Procelac) "reveló que entre los archivos hallados en el depósito hay documentos de 29 de 43 empresas con investigaciones en curso por criminalidad económica, y aseguró que el más comprometido es el HSBC, banco en el cual ocuparon cargos jerárquicos el actual Ministro de Desarrollo Económico porteño, Francisco Cabrera, y el subsecretario de Inversiones de la misma cartera, Carlos Pirovano".

"La empresa Sideco, del Grupo Macri, también guardaba documentos en el depósito incendiado de Iron Mountain. Por suerte, la Procelac investigó, se ocupó y trasladó todas las pruebas que recabó a la Justicia. Digo por suerte, porque si no, si fuera por los organismos de la Ciudad, nunca hubiésemos sabido que Sideco guarda cajas con el rótulo 'coimas'", señaló.

Este artículo fue publicado en Diario Crónica el 27/03/2015

Incendio de Iron Mountain: presentaron un proyecto para crear una comisión investigadora

Fue presentado por el Legislador porteño del Frente Progresista Popular Fernando Muñoz. La iniciativa establece que la comisión estará integrada por 17 diputados (uno por cada bloque de la Legislatura) y un integrante que corresponderá a la Junta de Ética.

La iniciativa contó con la adhesión de la diputada María Rachid y los diputados Aníbal Ibarra, Edgardo Form y Jorge Taiana, según indicó un comunicado del legislador.

La iniciativa establece que la comisión estará integrada por 17 diputados (uno por cada bloque de la Legislatura) y un integrante que corresponderá a la Junta de Ética.

La comisión, según la propuesta, tendrá 120 días para expresar mediante un informe final las conclusiones a las que arribe.

Al respecto, Fernando Muñoz afirmó "dada la gravedad de esta situación, impulsamos la creación inmediata de una Comisión Investigadora independiente que, en el marco del artículo 83 de la Constitución de la Ciudad, avance en la clarificación de los responsables de esta tragedia".

"Desde el día del incendio hasta ahora, Mauricio Macri guarda un silencio cómplice, claramente no quiere perjudicar sus intereses ni el de los grupos económicos que defiende", afirmó.

"Detrás de esta tragedia, en la que perdieron la vida 10 personas, entre bomberos y socorristas, hubo un acuerdo entre la empresa y sus clientes para eliminar documentos, incluso, la Unidad de Información Financiera anunció el 9 de marzo pasado que presentaría documentos ante la Justicia que buscarían sustentar esta hipótesis", dijo.

Agregó que la Procuraduría Contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (Procelac) "reveló que entre los archivos hallados en el depósito hay documentos de 29 de 43 empresas con investigaciones en curso por criminalidad económica, y aseguró que el más comprometido es el HSBC, banco en el cual ocuparon cargos jerárquicos el actual Ministro de Desarrollo Económico porteño, Francisco Cabrera, y el subsecretario de Inversiones de la misma cartera, Carlos Pirovano".

"La empresa Sideco, del Grupo Macri, también guardaba documentos en el depósito incendiado de Iron Mountain. Por suerte, la Procelac investigó, se ocupó y trasladó todas las pruebas que recabó a la Justicia. Digo por suerte, porque si no, si fuera por los organismos de la Ciudad, nunca hubiésemos sabido que Sideco guarda cajas con el rótulo 'coimas'", señaló.

Este artículo fue publicado en Télam el 27/03/2015

Fernando Muñoz en el programa Tercera Posición de A24

El Legislador Porteño del Frente Progresista y Popular, Fernando Muñoz, participó de un debate sobre la problemática de los inquilinos en la CABA en el programa Tercera Posición, conducido por Rolando Graña en A24.

El FPP en contra del programa de alquileres

Desde el bloque Frente Progresista Popular, definieron la iniciativa “Alquilar se puede” como “un burdo engaño” y “un movimiento de campaña”, debido a que se trata de un préstamo a los inquilinos y un guiño a “los abusos y restricciones del mercado”.

El legislador del FPP que desde hace tiempo trabaja en la problemática de alquileres en la Ciudad, Fernando Muñoz, definió la medida como “un movimiento de campaña para que creamos, ingenuamente, que el macrismo tiene voluntad de resolver este enorme problema que afecta a todos los inquilinos. Sin embargo, el Pro tomó desde el principio la decisión de trabajar para las inmobiliarias y no para los inquilinos”.

En cuanto a los beneficios del programa, Muñoz aclaró que “ninguna inmobiliaria acepta garantías bancarias. El inquilino, además de pagar todas las comisiones, tiene ahora que pagar un crédito bancario. Lo que Macri llama ahorro previo, no es más que pagar un crédito con anterioridad”.

Luego agregó que “las inmobiliarias sólo permiten recibos de sueldos de inquilinos que trabajan en blanco y se entra en ese sistema de competencia en el cual gana el que tiene el sueldo más alto. Este subsidio, es para dos mil porteños, de un universo de un millón”.

Por su parte, su compañero de bloque, Aníbal Ibarra sostuvo que “el Pro presenta un programa para que los inquilinos se sometan a las altísimas comisiones inmobiliarias y a los precios arbitrarios de los alquileres, otorgándoles un préstamo que luego tiene que devolver con una tasa del 19,5 por ciento. Esto quiere decir: ‘si el mercado es abusivo, nosotros te ayudamos a que puedas pagar el abuso’”, remarcó.

Asimismo, calificó al programa como un “crédito para alquiler”, aseguró que “más que una solución parece un chiste de mal gusto y una gran subestimación para todas y todos los porteños”, y que “esta ‘ayuda’ engañosa del Gobierno, es sólo para personas menores de 35 años, cuando hay cientos de miles de familias en la Ciudad con problemas de acceso a la vivienda”.

Fernando Muñoz recordó que “no existe ningún tipo de regulación del mercado inmobiliario, generando así, que las inmobiliarias obliguen a firmar contratos abusivos a familias completamente desesperadas y en estado de absoluta indefensión. Por lo tanto, una familia tipo para mudarse necesita la suma aproximada de veinte mil pesos, sin contar con las enormes dificultades de todos aquellos que no tienen garantía de capital y familiar directo”.

Finalmente, el diputado enfatizó: “vengo trabajando para lograr una solución real a todos los inquilinos de la Ciudad. Hemos presentado dos proyectos de ley, uno para crear dentro de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, la oficina de atención a inquilinos, para que el Estado se haga cargo de defender al inquilino de los abusos de las inmobiliarias. Y otro para que todas las inmobiliarias de la Ciudad expongan la ley 23.091 (de alquileres) y la ley 2.340”.

Mientras que Ibarra expresó su deseo de que el resto de los bloques de la Legislatura los acompañen con el proyecto “y podamos convertirlo en ley lo antes posible”.

Este artículo fue publicado en la Revista Qué el 20/03/2015

“Alquilar se puede”: insólito plan que no resuelve abusos a inquilinos

En lugar de promover el acceso a la vivienda o impulsar algún tipo de regulación al mercado inmobiliario, que es cada vez más abusivo con los inquilinos, Mauricio Macri relanzó el programa “Alquilar se puede”.

El Ejecutivo porteño acaba de relanzar el programa “Alquilar se puede”, que, según señala en su página web, está destinado “a aquellas personas que residan, estudien o trabajen en la Ciudad de Buenos Aires para que puedan alquilar una vivienda, con beneficios otorgados por el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y el Banco Ciudad.

Anunciado por el propio jefe de Gobierno Mauricio Macri, el plan ofrece, entre otras cosas, garantías gratuitas subsidiadas por el IVC para alquileres de hasta 5000 pesos -una cifra bastante baja, dado el aumento creciente de los precios en este rubro- además de una ayuda a los que necesiten cubrir los costos iniciales mediante un crédito a tasa subsidiada otorgado por el Banco. Para los trabajadores con ingresos informales, según señalan en el portal del programa, “hay un sistema de ahorro previo de cuatro meses a través del cual el aplicante demuestra su capacidad y voluntad de pago”.

Estas medidas de tipo paliativas no apuntan a cubrir el gran problema habitacional de la ciudad y, menos aún, a regular el mercado inmobiliario, cada vez más abusivo con los inquilinos.

Tal como informó Diario Z en febrero, alquilar una vivienda en la ciudad puede llegar a ser una odisea. Requisitos abusivos, garantías imposibles, precios exorbitantes y cartelización del mercado inmobiliario son algunos de los es­collos que los porteños padecen a la hora de alquilar un techo donde vivir. La ausencia de una ley que regule el mercado de alquileres deja a los inquilinos librados a su suerte.

Hasta no hace muchos años, para la clase media, alquilar un departamento en la Ciudad era un paso previo, casi obligado, en el camino a la compra de la vivien­da propia. Pero esos tiempos que­daron atrás. Si hay una tendencia que –efectivamente– no pareciera tener techo, es la inquilinización de la Ciudad: hay cada vez más inqui­linos y menos propietarios.

El porcentaje no para de crecer desde 2001: uno de cada tres por­teños alquila. Según estadísticas oficiales, a pesar de haber atrave­sado un boom de la construcción (se sumaron más de 150 mil vivien­das nuevas), la cantidad de inquili­nos en la Ciudad pasó del 22,1% en 2001 a más del 33% en la ac­tualidad. Pasado en limpio, signifi­ca que un millón de personas al­quilan unas 370 mil viviendas.

¿Quiénes son, dónde y cómo viven? La Ciudad no lo sabe. La Dirección General de Estadística y Censos prepara para presentar en mayo un índice que incluirá el per­fil de los inquilinos, según adelan­taron a Diario Z fuentes de ese organismo. El legislador del Fren­te Popular y Progresista, Fernan­do Muñoz, detectó esta necesidad y lanzó una encuesta online que permite una aproximación a este universo. De la muestra de más de 600 casos se extrae que casi la mi­tad de los inquilinos tiene entre 26 y 35 años, y viven repartidos en­tre Caballito, Almagro, Balvanera y Palermo; para la mayoría el alqui­ler representa entre el 30 y el 40% de sus ingresos. Y el dato más alar­mante: el 70% considera que no puede comprar una vivienda.

El gobierno reconoce que los porteños se alejan cada vez más de la posibilidad de ser propietarios. Según el índice elaborado por Es­tadísticas de la Ciudad presentado a principios de febrero, que mide el salario en relación con el valor no­minal de un departamento de 70 m2, la brecha se amplió en 50 pun­tos porcentuales debido a la suba de los precios inmobiliarios y la au­sencia de créditos hipotecarios.

El crecimiento de la masa de inquilinos y la imposibilidad, cada vez más profunda, de acceder a la vivienda propia son indicadores que están estrechamente conecta­dos por la lógica. El que no pue­de comprar alquila. Y si comprar se hace cada vez más difícil, ¿qué pasa con los alquileres? Suben el precio y amplían requisitos.

La regulación del mercado de alquileres está sujeta a la ley nacio­nal de locaciones, que fija cuatro cuestiones medulares: la duración del contrato (mínimo tres años), la obligación de un mes de depósi­to de garantía en favor del propie­tario, la presentación de una ga­rantía y la imposibilidad de indexar (aumentar) los precios. Además, en la Ciudad rige la ley 2340, que creó el Colegio Único de Corredo­res Inmobiliarios y que estipula un tope de comisión del 4,15%.

Más allá de la colegiatura inmo­biliaria, en la Ciudad lo que impe­ra es la ley de mercado, que deja a los inquilinos a merced de requisi­tos cada vez más abusivos.

La realidad indica que la du­ración promedio de los con­tratos es de dos años, a pesar de que la ley esta­blece un mínimo de tres. En vez de un mes de depó­sito en caución como garan­tía por año de alquiler, se piden hasta tres y, en algunos casos, cuatro. Se pactan aumentos se­mestrales, sujetos a renegociacio­nes. Las inmobiliarias, en tanto, so­brepasan con creces el porcentaje de comisión. Y las garantías se res­tringen a propiedades radicadas en la Ciudad. “Las inmobiliarias eluden el cumplimiento de la ley, no dan recibos y armaron un gran mercado negro para­lelo”, indica a Diario Z el legislador Fernan­do Muñoz, quien presentó diversas iniciativas para pro­teger al inquilino. “No hay control, no hay un espacio de negociación; el go­bierno está ausen­te. Está la familia que busca un departamento de un lado y la corporación inmobiliaria del otro, que fija las condiciones”, agrega.

El círculo de desprotección se cierra con una paradoja: según la ley, quienes deben controlar a las inmobiliarias son… las mismas in­mobiliarias. Y es más: si uno qui­siera denunciar este tipo de abusos en el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios, debe pagar una tasa de 360 pesos. Como leyó: hay que pagar para denunciar.

Desde Defensa al Consumidor de la Ciudad aclararon que si bien las inmobiliarias pueden plantear su incompetencia, este organismo puede “tomar parte” en los con­flictos con los inquilinos. “Siempre y cuando intervenga una inmobi­liaria como proveedor, Defensa al Consumidor puede intervenir”, aseguran.

La ley ausente

Como dijimos, en la Ciudad rige la ley de mercado, que surfea sobre las expectativas económicas. En la Legislatura porteña se han presentado, desde 2008, numero­sas iniciativas para intentar regular los alquileres. Todas chocaron con la postura del PRO, partidario de no intervenir. De ese modo, que­daron en el camino proyectos del Frente para la Victoria, de la Coali­ción Cívica, del ibarrismo y de Bien Público. La idea que sobrevuela es la necesidad de poner un coto a la especulación, identificar y gravar con impuestos a las viviendas ocio­sas (se calcula, informalmente, que son unas 120 mil), y crear un ám­bito de regulación y solución entre inmobiliarias e inquilinos.

El último proyecto en danza fue presentado por Muñoz. Apun­ta a crear una Oficina de Atención a Inquilinos en el ámbito de la De­fensoría del Pueblo. “Hoy el porte­ño no tiene adónde recurrir en caso de abusos”, asegura el legislador. La iniciativa está a tono con otras similares que se llevaron a cabo en La Plata y en Santa Fe, donde existe un ámbito de mediación.

Desde la Defensoría ven con buenos ojos el proyecto y asegu­ran que ya están trabajando sobre el tema. Al respecto, Nora Cataño, directora del Consejo de Media­ción, Conciliación y Arbitraje, ase­gura que aún no está individuali­zada la temática de los inquilinos, pero que sería importante “investi­gar y sistematizar toda la informa­ción” para elaborar soluciones. “Es un tema complejo, donde entran en colisión el derecho a la vivien­da, a la propiedad y las leyes regu­latorias”, dice Cataño.

Según la encuesta del legisla­dor, el 60% de los inquilinos al­quila mediante inmobiliaria e iden­tifica como principales escollos, además del precio, la comisión y la garantía. “La idea es que la comi­sión sea compartida entre inquili­no y propietario, que los contratos sean de tres en vez de dos años y que el Estado sea el proveedor de la garantía”, explica Muñoz.

Este artículo fue publicado en Diario Z el 20/03/2015

Viviendas: la Ciudad lanzó plan para inquilinos que no tienen garantías

"Alquilar se puede" ofrece garantía bancaria para personas de bajos ingresos o con salario en negro. Críticas desde la oposición.

En un mercado inmobiliario donde comprar es casi imposible y alquilar es muy difícil, la ayuda del Estado para alcanzar uno u otro objetivo se vuelve casi imprescindible. También, impulsados por el contexto electoral, el gobierno de la Ciudad lanzó el programa "Alquilar se puede", destinado a facilitar el acceso a una vivienda rentada por parte de usuarios que no poseen ingresos suficientes para cumplir los requisitos de las inmobiliarias y facilitar una garantía.

"Alquilar se puede" fue lanzado por el Instituto de Vivienda de la Ciudad y busca "facilitar a los vecinos el acceso a un alquiler formal" dentro de la Capital Federal, según reza la propaganda oficial.

De acuerdo a la agencia NA, la vivienda a alquilar debe estar dentro del ámbito de la CABA, el alquiler mensual no debe superar los 4.700 pesos ni el 30 por ciento de los ingresos netos mensuales familiares. Abarca a familias jóvenes cuyos ingresos estén entre 2 y 5 salarios mínimos ($9.400 a $23.500), estudiantes que deseen instalarse en la Ciudad de Buenos Aires, sectores vulnerables cuyos ingresos estén entre 1 y 2 salarios mínimos (4700 a 9400 pesos) y trabajadores con ingresos no registrados.

Los beneficios del plan incluyen desde una garantía bancaria para presentar ante el locador, un préstamo personal para afrontar los gastos de ingreso a la nueva vivienda, y un subsidio para quienes no puedan hacerse cargo del valor total de la renta mensual. Para intentar acceder al mismo hay que registrarse en el sitio web de la Ciudad y presentar la documentación requerida, que incluyen el DNI, certificados de antecedentes financieros, facturas de pago de un servicio para acreditar domicilio y partida de nacimiento o certificado escolar para los hijos.

Desde la oposición salieron al cruce de este plan del gobierno de la Ciudad. El ibarrista Fernando Muñoz, quien había pedido regular los alquileres en el ámbito porteño, aseguró que "en su publicidad, difusión y propaganda, el macrismo va a invertir mucho más de lo que efectivamente le va a llegar al puñado de inquilinos al que se los está ofreciendo".

El legislador sostuvo que "para cambiar efectivamente las condiciones del 30% de los ciudadanos de la ciudad que alquilan, es necesario que el gobierno porteño tome medidas que hagan más justa la relación entre el inquilino y las inmobiliarias". "Nuestra propuesta es extender a tres años los contratos de alquiler; compartir la comisión inmobiliaria con el dueño; crear una oficina pública de atención al inquilino; garantía estatal sin restricciones", manifestó Muñoz.

La propuesta "es restrictiva porque sólo pueden inscribirse menores de 35 años; se ofrece únicamente para 2.000 personas en los próximos seis meses -desde marzo hasta agosto- y serán 300 personas

beneficiadas por mes, en un universo de 700.000 inquilinos", añadió en un comunicado.

Este artículo fue publicado en www.eldestapeweb.com el 19/03/2015