Desde el bloque Frente Progresista Popular, definieron la iniciativa “Alquilar se puede” como “un burdo engaño” y “un movimiento de campaña”, debido a que se trata de un préstamo a los inquilinos y un guiño a “los abusos y restricciones del mercado”.
El legislador del FPP que desde hace tiempo trabaja en la problemática de alquileres en la Ciudad, Fernando Muñoz, definió la medida como “un movimiento de campaña para que creamos, ingenuamente, que el macrismo tiene voluntad de resolver este enorme problema que afecta a todos los inquilinos. Sin embargo, el Pro tomó desde el principio la decisión de trabajar para las inmobiliarias y no para los inquilinos”.
En cuanto a los beneficios del programa, Muñoz aclaró que “ninguna inmobiliaria acepta garantías bancarias. El inquilino, además de pagar todas las comisiones, tiene ahora que pagar un crédito bancario. Lo que Macri llama ahorro previo, no es más que pagar un crédito con anterioridad”.
Luego agregó que “las inmobiliarias sólo permiten recibos de sueldos de inquilinos que trabajan en blanco y se entra en ese sistema de competencia en el cual gana el que tiene el sueldo más alto. Este subsidio, es para dos mil porteños, de un universo de un millón”.
Por su parte, su compañero de bloque, Aníbal Ibarra sostuvo que “el Pro presenta un programa para que los inquilinos se sometan a las altísimas comisiones inmobiliarias y a los precios arbitrarios de los alquileres, otorgándoles un préstamo que luego tiene que devolver con una tasa del 19,5 por ciento. Esto quiere decir: ‘si el mercado es abusivo, nosotros te ayudamos a que puedas pagar el abuso’”, remarcó.
Asimismo, calificó al programa como un “crédito para alquiler”, aseguró que “más que una solución parece un chiste de mal gusto y una gran subestimación para todas y todos los porteños”, y que “esta ‘ayuda’ engañosa del Gobierno, es sólo para personas menores de 35 años, cuando hay cientos de miles de familias en la Ciudad con problemas de acceso a la vivienda”.
Fernando Muñoz recordó que “no existe ningún tipo de regulación del mercado inmobiliario, generando así, que las inmobiliarias obliguen a firmar contratos abusivos a familias completamente desesperadas y en estado de absoluta indefensión. Por lo tanto, una familia tipo para mudarse necesita la suma aproximada de veinte mil pesos, sin contar con las enormes dificultades de todos aquellos que no tienen garantía de capital y familiar directo”.
Finalmente, el diputado enfatizó: “vengo trabajando para lograr una solución real a todos los inquilinos de la Ciudad. Hemos presentado dos proyectos de ley, uno para crear dentro de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, la oficina de atención a inquilinos, para que el Estado se haga cargo de defender al inquilino de los abusos de las inmobiliarias. Y otro para que todas las inmobiliarias de la Ciudad expongan la ley 23.091 (de alquileres) y la ley 2.340”.
Mientras que Ibarra expresó su deseo de que el resto de los bloques de la Legislatura los acompañen con el proyecto “y podamos convertirlo en ley lo antes posible”.
