Fernando Muñoz: "La contratación de urgencia del show de Violetta es un caso de cientos"

El Legislador Porteño del Frente Progresista y Popular, Fernando Muñoz, dio a conocer que el año pasado el macrismo utilizó un sistema de contratación de urgencia para montar el show de Martina Stoessel en el Rosedal. Las contrataciones se fundamentaron en el decreto 556, que plantea la posibilidad de no llamar a licitación en casos de urgencia y de imprescindible necesidad.

En diálogo con Página 12, Muñoz afirmó “La gestión macrista descubrió que era posible contratar en forma directa una productora artística por montos millonarios, amparándose en un decreto reservado para casos de urgencia e imprescindible necesidad y disfrazándolo de solidaridad social, estamos ante un uso discrecional e infundado de esta herramienta administrativa” “Las empresas contratadas, además de tener lazos entre sí, tienen algo en común: Todas participaron en contrataciones previas en realización de eventos. Siempre se les adjudicó contratos con este mecanismo”.

Según consta en el Boletín Oficial, la gestión PRO, mediante resoluciones de los ministerios de Cultura y de Hacienda, autorizó un gasto por seis millones de pesos para el despliegue del espectáculo.  “Más de seis millones de pesos para infraestructura, producción y cachet se pagaron en el recital de Martina Stoessel” –advirtió Muñoz–. Entre las razones que se esgrimieron está -la promoción de la concientización del cuidado del medio ambiente, como también que el que asistiera pudiera donar un juguete- “Disfrazado de acto solidario, la gestión macrista contrató a una productora por montos millonarios. Está claro dónde están las urgencias y cuáles son las prioridades del gobierno macrista.”

Fernando Muñoz ingresó en la Legislatura porteña un proyecto de resolución, mediante el cual exige al Ejecutivo porteño que informe con que previsión de tiempo se planificó el Mega Show de Martina Stoessel; el motivo por el cual se contrató a las empresas Matusik S.A, FA Sostenido S.A, Nuevos Aires Producciones S.R.L., Oymyakon S.A, BDA Producciones S.R.L y 4Piolas S.R.L; el motivo por el cual estas contrataciones no se tramitaron conforme el canal normal y habitual de compras y contrataciones del Estado (Ley N° 2095), entre otros aspectos. En los fundamentos del proyecto, el Legislador Porteño afirma: “Un espectáculo musical no es un servicio esencial para el Estado que justifique la utilización de un sistema excepcional como este. Menos aún un show con la magnitud que detallan las resoluciones de pago; un “mega Evento” (con “música, baile, desfile y acróbatas”) de esta dimensión es algo por demás previsible y planificado, por lo que cuesta entender el motivo por el cual las contrataciones naturalmente previstas para su realización no se cursaron por los canales normales y habituales que establece nuestra Constitución”.

Un espectáculo musical no es un servicio esencial para el Estado que justifique la utilización de un sistema excepcional como este. Menos aún un show con la magnitud que detallan las resoluciones de pago; un “mega Evento” (con “música, baile, desfile y acróbatas”) de esta dimensión es algo por demás previsible y planificado, por lo que cuesta entender el motivo por el las contrataciones naturalmente previstas para su realización no se cursaron por los canales normales y habituales que establece nuestra Constitución.

La información revelada por Fernando Muñoz forma parte de un minucioso estudio que viene realizando de las contrataciones de urgencia publicadas en el Boletín Oficial. Dicho estudio será presentado formalmente en los próximos días.  Al respecto, el Diputado consideró “hace tiempo que el macrismo utiliza este mecanismo de contratación, en el Boletín Oficial figuran más de un centenar de casos, estamos relevando e investigando cada uno de ellos”.  

El pedido de informe se puede leer en este link: http://1drv.ms/1BR2PDZ

Este artículo fue publicado en www.genteba.com.ar el 30/3/2015 

La calle, cada día más cara

A un mes de la última audiencia pública sobre parquímetros, está a la firma el decreto por el cual el Gobierno de la Ciudad llevará a 4 pesos la hora de estacionamiento callejero. La oposición porteña adelantó que presentará un amparo para evitarlo.

Desde la semana próxima, el estacionamiento medido en las calles de la ciudad de Buenos Aires costará un 33 por ciento más, con lo que la tarifa será de 4 pesos por hora. En relación con la tarifa de 1,4 peso que regía en febrero de 2014, el nuevo valor implica un crecimiento tarifario acumulado de 186 por ciento. La oposición porteña advirtió que presentará un recurso de amparo para frenar el aumento, que será efectivo una vez que el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, firme el decreto para autorizarlo.

Hace un mes se realizó la audiencia pública obligatoria para tratar el tema con los vecinos, por lo que ya está confeccionado el texto del decreto que autorizará el aumento.

El diputado porteño Alejandro Bodart (MST) aseguró que el nuevo aumento en el precio de los parquímetros “es absolutamente arbitrario, porque las concesiones están vencidas hace años y sin embargo les renuevan los contratos a las mismas empresas”.

El ajuste tarifario se volverá efectivo, además, en medio del litigio judicial sobre la ley porteña que expande el área del estacionamiento medido a más de la mitad del territorio de la ciudad. A su vez, eso obliga al Ejecutivo porteño a convocar a nuevas licitaciones de los sistemas de parquímetros y acarreo. Las licencias de las concesionarias que explotan actualmente el servicio están vencidas hace más de diez años, pero sus contratos son renovados sistemáticamente.

Bodart aseguró que “la ley de estacionamiento medido que van a aplicar después de las elecciones es mucho peor, porque además de cobrar para estacionar en más de la mitad de la ciudad, propone un sistema escalonado de precios que va a significar un nuevo aumento de tarifas”. “Para hacer estos negocios, el macrismo plantea que el estacionamiento medido es una manera de desalentar la entrada de autos a la ciudad, pero es una mentira, porque está probado que la gente sigue trayendo el auto igual porque no han generado un sistema de transporte público que pueda ser una alternativa”, finalizó.

Por su parte, el legislador del Frente Progresista y Popular Fernando Muñoz afirmó que “el PRO decidió dejar para después de las elecciones el llamado a licitación para 75.000 nuevos parquímetros y 10 nuevas playas de acarreo”, y destacó que “ésta va a ser la privatización de espacio público más grande de la historia de la ciudad de Buenos Aires”.

“Con estas decisiones están aumentando por adelantado el valor de un negocio muy grosero. En la nefasta década de los noventa (el intendente porteño) Carlos Grosso abrió el estacionamiento medido con 1200 parquímetros, pero ahora quieren llegar a 87.000, y con eso la recaudación podría ser de más de cuatro millones de pesos diarios”, explicó.

En el mismo sentido, el defensor adjunto del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Claudio Presman, afirmó que “la única estrategia de Macri para ordenar el caos de tránsito es recaudar a costa del bolsillo de los porteños”.

Este artículo fue publicado en Página 12 el 07/05/2015

Un sobreseimiento que desBorda

Un fallo de la Sala IV de la Cámara del Crimen confirmó el sobreseimiento de Mauricio Macri y de su vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, entre otros funcionarios, denunciados tras la violenta represión policial ocurrida el 26 de abril de 2013 dentro de las instalaciones del Hospital Borda, contra pacientes, médicos, legisladores y periodistas. 

La Sala IV es la misma que había ordenado revisar los mismos sobreseimientos dictados en primera instancia. En su nuevo fallo, también ordenó que se siga investigando al ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín. “Fue una acción criminal planificada”, aseguró el legislador porteño del Frente Progresista Popular, Fernando Muñoz. “No se entiende por qué esta misma Cámara, que hace unos meses le pidió al tribunal de primera instancia que investigue mejor, hoy sobresee a todos”, cuestionó el legislador porteño por el MST-Nueva Izquierda Alejandro Bodart, quien también fue víctima de golpes aquel 26 de abril.

Los camaristas Carlos González y Alberto Seijas, integrantes de la Sala IV, también ratificaron los sobreseimientos de los ministros de Seguridad y Justicia, Guillermo Montenegro, y de Salud, Graciela Reybaud, y señalaron la “inexistencia de elementos mínimos objetivos, concretos y directos que conlleven a atribuirles algún tipo de participación en el suceso” y lo propio extendieron al jefe de la Policía Metropolitana, Horacio Giménez, pese a que en primera instancia había sido procesado. Sin embargo, los mismos camaristas habían ordenado revisar el fallo de primera instancia que ordenaba los sobreseimientos de Macri y Vidal.

Cuando, en el inicio de la causa, el juez Adolfo López decretó el procesamiento del comisario Horacio Giménez, jefe actual de la Policía Metropolitana, y el sobreseimiento “en forma arbitraria e infundada a los funcionarios políticos responsables de la brutal represión en el Hospital Borda el 26 de abril del año pasado”, el fallo fue apelado y la Sala IV ordenó volver a investigar. López volvió a sobreseer a los funcionarios y procesó a Giménez. Los querellantes y el fiscal Ricardo Sáenz volvieron a apelar. Y la Sala IV, esta vez, ratificó el sobreseimiento de todos, incluyendo el del nuevo procesado, Giménez.

“El gobierno porteño primero violentó una medida cautelar al tirar abajo el edificio; después no siguió el protocolo que existe para los casos en los que una fuerza debe actuar en una escuela y en un hospital, no avisaron, no trasladaron pacientes y por último demolieron un edificio que tenía asbesto, una sustancia altamente contaminante que estuvo allí por meses”, detalló Bodart. Muñoz denunció la falta de justicia y la ausencia de políticas públicas en salud mental y consideró que la represión en el Hospital Borda fue una “acción criminal planificada porque no existió ningún protocolo de represión y porque la policía disparó a quemarropa”.

Este artículo fue publicado en Página 12 el 11/02/2015