Al macrismo no le preocupa ni entiende el problema de los inquilinos. Se siente cómodo entre constructoras, especuladores e inmobiliarias. Ofrece soluciones ridículas y tan insignificantes que el mercado se las consume inmediatamente. Que un propietario acompañe a un potencial inquilino al Banco Ciudad para exhibir su escritura y conseguir una garantía, suena a una farsa, cuando ese propietario tiene para elegir entre la desesperación y la urgencia de decenas de familias que están esperando para poder alquilar. La única solución es meter mano en la ley y no hacerse más el distraído: tres años de contrato; control a las inmobiliarias y sus comisiones desmedidas; y creación de una oficina pública de negociación.
Debido a las dificultades que muchas personas tienen para acceder a una vivienda propia, una porción importante de la población se ve en la necesidad de alquilar. Actualmente, alrededor de un tercio de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra en esa situación. Sin embargo, también es dificultoso poder ingresar a un contrato de alquiler: se exige como garantía una propiedad en CABA o, en el mejor de los casos, en la Provincia de Buenos Aires; las comisiones inmobiliarias que se deben pagar son muy altas y suelen triplicar lo que establece la Ley N° 23.091 de alquileres; a eso se le suma el pago de un depósito y la cuota entrante, con la cual se deben pagar cuatro alquileres juntos.
Por estas razones, es necesaria la elaboración de un plan de acción que busque revertir los abusos de un mercado que especula con un derecho fundamental: el de la vivienda. Es así que en vistas a avanzar con un proyecto de ley que genere una relación más justa entre inquilinos y el mercado inmobiliario, surge la Primera Encuesta de Inquilinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de una iniciativa propia, con el propósito de relevar las opiniones de quienes alquilan en la Ciudad.
El cuestionario consta de un total de 14 preguntas que inquieren sobre la edad y barrio de residencia de los inquilinos, si alquilan mediante inmobiliaria o a dueño directo; el mayor problema al alquilar; conocimiento de la Ley de alquiler vigente; porcentaje del sueldo destinado al alquiler; percepción de posibilidad de acceso a una vivienda propia; responsabilidades sociales de la situación de los inquilinos y percepción de posibilidad de mejora.
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