Debate acerca del Ente Público de Comunicación Social.

Parte del debate por el proyecto de ley para la creación del Ente Público de Comunicación Social, el lunes 31 de Agosto en la Sala Juan L. Ortiz de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. 

Fernando Muñoz presentó un proyecto para suspender permisos de demolición y de obras

La iniciativa del Legislador porteño del Frente para la Victoria tiene como objetivo suspender permisos de demolición y de obra que alteren las características urbanas y patrimoniales de aquellas zonas comprendidas en modificaciones urbanísticas producto de leyes que cuenten con aprobación inicial. 



Al respecto, Fernando Muñoz explicó “el viejo Concejo Deliberante de los 90, arruinó su imagen de honorable por las denuncias de connivencia entre empresarios y algunos representantes, que posibilitaban las edificaciones de excepción. El Código de Planeamiento se adaptaba a los horarios nocturnos de las sesiones, y en un santiamén salían leyes que luego permitían construcciones monumentales en barrios tranquilos”.

“Luego, la Constitución de la Ciudad debatida y votada hace dos décadas, posibilitó que todo cambio del Código de Planeamiento fuera tratado en dos tramos, la llamada "primera lectura" es una votación donde se expresa la voluntad mayoritaria de que se produzca esa ley; luego tenemos la audiencia pública, donde los vecinos pueden objetar, respaldar o denunciar, fijando posición respecto a lo votado. Si bien esta audiencia no es vinculante, tenemos una impresión pública y clara de lo que pueden querer los vecinos. Finalmente, se vota en segunda lectura y así es ley definitiva, se termina el proceso de debate, votación, audiencia y decisión final”.

“Con la ley que presentamos estaríamos evitando que en ese tiempo de debate público y de ampliación democrática, los vivos de siempre se encarguen de enchastrar la buena intención de nuestros estatuyentes, negociando permisos de demolición y obra para terminar cambiando el sentido del debate, y quedarse con la parte del león. En barrios donde los vecinos fueron escuchados por sus representantes y juntos lograron fijar límites al lucro y la falta de planificación, la especulación termina teniendo más herramientas para burlar la ley”.

El proyecto de ley presentado hoy por Fernando Muñoz apunta a evitar que queden materializadas insalvables disrupciones morfológicas, provocando un grave daño al patrimonio cultural urbano. Un claro ejemplo de esta situación, se da en el barrio de Caballito. En diciembre, la Legislatura aprobó en primera lectura una ley que modificaba la zoonificación de dos manzanas, bajando la altura máxima de construcción, sin embargo, durante este tiempo de audiencia y decisión final, el Gobierno de la Ciudad otorgó cuatro permisos de obra  que superan ampliamente la altura máxima de construcción que establecía la ley aprobada en primera lectura.

Para finalizar, Muñoz afirmó “es legítimo que -si la intención de los representantes es ponerle un límite a la especulación inmobiliaria- se suspendan los permisos de obra hasta que termine todo el proceso de debate público, para evitar que el negocio se lleve por el aire a la sociedad y a sus representantes”.  






  

Declaración de interés social del merendero "Casita de Belén" en la Legislatura Porteña

El Diputado porteño por el FpV, Fernando Muñoz, refiriéndose a la declaración de interés social del merendero "Casita de Belén", votado por unanimidad en la Legislatura Porteña el jueves 25 de junio de 2015.

Fernando Muñoz presentó un proyecto de ley para combatir la trata de personas

El Legislador porteño del Frente para la Victoria presentó un proyecto de ley para prohibir el otorgamiento de pautas publicitarias oficiales a los medios gráficos que publiquen avisos clasificados que promuevan la oferta sexual. La iniciativa busca prevenir la Trata de Personas con fines de explotación sexual y la paulatina eliminación de las formas de discriminación hacia las mujeres.

El proyecto del Presidente de la Comisión de Comunicación Social, que cuenta con la adhesión de los Diputados Bergel, Aragón, Neira, Penacca, Form e Ibarra, crea en el ámbito de la Secretaria de Comunicación Social, una oficina encargada de monitorear los medios gráficos y tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de la ley.

Al respecto Fernando Muñoz consideró “en 2011 la Presidenta Cristina Fernández firmó el decreto 936 que prohíbe los avisos que promuevan la oferta sexual o hagan referencia implícita o explícita al comercio sexual. Ese decreto, se basa en que los avisos publicados por los medios de comunicación son un vehículo efectivo para el delito de trata de personas”.

“A pesar de que existe ese decreto, muchos medios gráficos continúan publicando avisos que implícitamente hacen referencia al comercio sexual, el día de la presentación de este proyecto de ley –viernes 19 de junio- encontramos en el Diario Clarín 82 avisos clasificados de este tipo, por otro lado, según información del propio Gobierno de la Ciudad, el macrismo destinó en ese diario casi 9 millones de pesos en publicidad en el primer semestre de 2014” “Existe un doble discurso de muchos medios de comunicación en relación a este tema, por un lado denuncian el machismo, la violencia de género, el femicidio y por otro, ganan importantes sumas de dinero en la venta de los avisos clasificado de oferta sexual” “Lo que estamos planteando es muy claro, los medios gráficos que promuevan la trata de personas no pueden recibir pauta oficial”.  

“Creemos que el Gobierno de la Ciudad tiene un atraso en la implementación de políticas que tiendan  a erradicar la Trata de Personas, es por eso que esperamos que el oficialismo acompañe esta iniciativa y que reglamente las leyes existentes en relación a esta problemática”.  

Proyecto de ley por el Día del Inquilino

El Diputado del interbloque del Frente Para la Victoria, Fernando Muñoz, junto con la organización "Inquilinos Agrupados", presentaron un proyecto de ley para declarar el primer lunes de Octubre como el “Día del Inquilino”.

En caso de aprobarse la ley, el Poder Ejecutivo -a través de la Secretaría de Comunicación Social- deberá realizar ese día actividades de difusión de la problemática de los inquilinos. Edgardo Form, María Rosa Muiños y Lorena Pokoik adhirieron a la iniciativa.

Al respecto, Fernando Muñoz afirmó “Establecer un Día del Inquilino no es fijar una fecha más en el calendario, es abrir una instancia para que el Poder Ejecutivo difunda la problemática de los inquilinos y es también, un reconocimiento a un sector trascendental en la vida de la Ciudad”.

"Los abusos que sufren los inquilinos son severos y son ampliamente conocidos por todos los que alquilan una vivienda. Incrementos especulativos, gastos exorbitantes, abusos contractuales. En la Ciudad de Buenos Aires somos casi un millón de inquilinos, todos alquilamos de forma injusta e ilegal. Es por eso que todos los afectados por esta situación debemos redoblar nuestro esfuerzo y presionar para conseguir condiciones más justas para alquilar”.

Un proyecto plantea el debate obligatorio entre candidatos de la Ciudad

La Legislatura porteña aprobó, este jueves, una moción de preferencia para tratar el proyecto de ley el próximo 18 de junio.

A pedido del legislador Fernando Muñoz (FPP), se aprobó este jueves en la sesión ordinaria tratar el próximo 18 de junio el proyecto de ley que propone un debate electoral público, abierto y obligatorio entre los candidatos a jefe de Gobierno y legisladores, de la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa fue presentada por Muñoz, y tiene a María Rosa Muiños (FpV) y Paula Oliveto Lago (CC-ARI) como co-autoras. El proyecto establece que los debates electorales deberán realizarse tanto para las elecciones primarias y generales, como para un eventual ballotage.

La normativa indica que el debate deberá realizarse entre los 20 y los 10 días hábiles antes de las elecciones, y tendrá que ser transmitido en vivo por el canal y la radio de la Ciudad. Por su parte, los canales de televisión y radios privadas podrán retransmitir gratuitamente la señal.

Al respecto, el diputado del interbloque K afirmó que “solo garantizando debates claros, respetuosos y transparentes, en igualdad de condiciones para los candidatos, el pueblo de la Ciudad puede ejercer efectivamente su derecho a la información”.

“Con voluntad política de todos los bloques podemos sancionar este proyecto, que valoriza los medios públicos de la Ciudad y establece reglas claras para los participantes”, agregó.

El proyecto establece que el debate se desarrollará según ocho ejes temáticos: salud, seguridad, servicios públicos, educación, transporte, vivienda, obra pública y políticas sociales. Será organizado de tal manera que los candidatos dispongan de un espacio inicial para presentar su propuesta, de un espacio posterior para referirse por turnos a los temas enumerados y un espacio final para intercambiar preguntas, repreguntas y conclusiones.

El Tribunal Superior de Justicia tendrá a su cargo la proposición de una terna de “moderadores”. Y explica que “los mismos deberán ser personalidades del periodismo, que no cuenten con amistades o enemistades manifiestas con alguno de los candidatos, que no se encuentren ligados a ellos por lazos familiares o sentimentales y que no haya sido parte en un juicio contra alguno de ellos”.

Finalmente, la iniciativa establece que “el partido o frente político del candidato/a que no concurra al debate será sancionado con la quita de los espacios públicos y gratuitos en medios televisivos y radiales que otorga la Ley N° 268”.

Este artículo fue publicado en www.parlamentario.com el 04/06/2015

Proyecto de ley para crear una oficina de atención para inquilinos

En base a una encuesta realizada sobre la muestra de mil casos en la ciudad, el diputado porteño por el Frente Progresista Popular, Fernando Muñoz, elaboró un proyecto de ley para la creación de una oficina que atienda y contenga los conflictos que suele haber entre inquilinos e inmobiliarias. En la ciudad el 33 por ciento de los hogares son alquilados.

En los últimos cuatro años se presentaron en la Legislatura porteña siete proyectos para regular el alquiler en la ciudad, que no terminaron tratándose en comisión. Según la oposición el PRO justifica la falta de quórum en que no es una cuestión en la que el Estado tenga que interceder sino que este tema debe librarse a las reglas del mercado.

Mientras tanto, la escasa oferta de inmuebles en alquiler y la amplia demanda por parte de quienes no pueden acceder a la vivienda propia trae como consecuencia irreconciliables conflictos entre inmobiliarias e inquilinos.

Según una investigación realizada por el diputado porteño Fernando Muñoz (Frente Progresista y Popular), el 56 % de los encuestados entiende que las comisiones a pagar son la mayor dificultad para sostener un alquiler. Asimismo, según el 28% pagar la cuota mensual le implica el 30% de su salario.

Del mismo modo, las personas encuestadas coincidieron en su mayoría que las inmobiliarias son las principales “responsables” de la problemática de los alquileres, seguidas por el Estado.

La encuesta fue realizada en base a una muestra de mil personas de las cuales doscientos son monotributistas o trabajadores informales.

Teniendo en cuenta que el 33 por ciento de los hogares en la ciudad están atravesados por contratos de alquiler y con el objetivo de visibilizar el conflicto que suele haber entre inquilinos y propietarios e inmobiliarias, Muñoz presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para crear una oficina de atención a los inquilinos.

“Sabemos la posición del PRO en relación al tema y el poder que tienen las inmobiliarias, por lo que preferimos poner al descubierto cuáles son las prioridades, visibilizar el tema, para que no se caiga de nuevo de la agenda de discusión. Y en la medida que encontremos mayor consenso vamos a ir avanzando”, asegura el diputado porteño a El Barrio Villa Pueyrredón.

La ley 2.340 de 2007 que regula las inmobiliarias prohíbe que las comisiones superen el mes de alquiler de vivienda, sin embargo, según Muñoz, en la mayoría de los casos esto no se cumple.

“También sucede que le están haciendo pagar al inquilino el ABL y las expensas extraordinarias y le están exigiendo que entregue el departamento pintado. Estos abusos se dan, por un lado, por la ausencia total del Estado y, por el otro, por una restringida oferta”, dice.

Según el censo 2010 solo en la ciudad de Buenos Aires hay 240 mil propiedades, entre viviendas y departamentos de uso profesional y oficinas, desocupadas. En relación a este punto también hay proyectos legislativos presentados con el objetivo de gavar la vivienda ociosa.

Sin embargo, la falta de compromiso por parte del oficialismo en relación a la problemática hecha por tierra la posibilidad de que prospere cualquier proyecto de regulación en este sentido.

“El PRO plantea que es el mercado el que debe regular la relación entre el propietario y el inquilino, que el Estado no se debe interferir. Pero esa libertad de mercado es la libertad del poderoso a someter a los más débiles incumpliendo la ley. Así, por ejemplo, el que no tiene garantía o el que no puede pagar dos meses de comisión puede terminar en un hotel o pensión compartiendo baño y cocina, o alquilando en una villa”, asegura.

En caso de que hubiera algún incumplimiento de la ley por parte de las inmobiliarias la respuesta por parte del Gobierno de la Ciudad es Defensa del Consumidor. Más allá de esta alternativa, en lo concreto, el inquilino, actualmente, tiene dos vías para canalizar reclamos y, según comenta Muñoz, ambas son pagas.

Una es CUCICBA (colegio que regula la actividad inmobiliaria) que cobra 360 pesos el formulario de denuncia y la ONG Unión Argentina de Inquilinos donde hay que pagar por la consulta con un abogado.

“Este es el cuadro que nos lleva a plantear la necesidad de la creación de una oficina pública en el ámbito de la Defensoría del Pueblo para atender el problema de los inquilinos. Necesitamos dentro del Estado más aliados para el sector que está siendo más hostigado”, explica el legislador.

En marzo comienzan las sesiones ordinarias y el Frente Progresista y Popular tiene la expectativa de convencer a los distintos bloques e incluso a la oposición.

“La creación de una oficina pública no debería ser traer demasiado conflicto. La idea es generar un espacio de conciliación y para difundir lo que está ocurriendo en el sector. Creo que vamos a encontrar acuerdo natural y rápido tanto con bloques de izquierda y con el Frente para la Victoria y, me parece, con algunos sectores del PRO. Sobre todo si la Defensoría del Pueblo se presenta a las discusiones, vamos a llegar a un acuerdo”, concluye Muñoz.

La oficina contaría con un equipo de abogados al servicio del inquilino y generaría las bases para la creación de un observatorio que convoque a la Cámara Inmobiliaria para rediscutir el contrato inmobiliario, como ya sucedió en las ciudades de Rosario y La Plata.

Este artículo fue publicado en www.elbarriopueyrredon.com.ar el 08/03/2015

Catarata de proyectos de Muñoz

El legislador ibarrista, que accedió una banca a fines del año pasado, presentó los primeros 10 proyectos de 2015, luego de la apertura de sesiones ordinarias. Además presentó otros 9 durante el mismo día. Ley de Vetos y distintos pedidos de informes, son las iniciativas que se destacan.

Habilitado el ingreso de proyectos en la Legislatura Porteña, el diputado ibarrista Fernando Muñoz se destacó por presentar los primeros diez proyectos del año 2015, entre los que se destaca una iniciativa para controlar los vetos del Gobierno de la Ciudad.

El legislador del Frente Progresista y Popular presentó un proyecto de ley para reglamentar los artículos 87 y 88 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para establecer el mecanismo de las iniciativas vetadas por la Jefatura de Gobierno porteño, una de las críticas más importantes que ha recibido Macri en su gestión (ver aparte).

No obstante, Muñoz –que ingresó a fines del año pasado a la Legislatura tras la renuncia de Susana Rinaldi– marcó primero en Mesa de Entradas y presentó otras nueve iniciativas, antes que nadie en este 2015.

Además de la Ley de Vetos, presentó un proyecto para crear el “sistema integrado de emergencias”,  la declaración de utilidad pública y sujetos a expropiación de un conjunto de inmuebles destinados a la ampliación del instituto de educación superior “Juan B. Justo” D. E. 17º, y la organización de un reconocimiento a la actriz y cantante Marikena Monti.

Por otro lado, pidió informes relacionados con las obras que se están realizando en el Parque Lezama, a la situación de las líneas 108 y 102 de asistencia social y la niñez respectivamente, la construcción de muros verdes en los puentes ferroviarios, y a la contratación de a la contratación del servicio realizado por la firma Latin American postal S.A. para la distribución de credenciales del plan de cobertura porteña de salud.

A su vez, se hizo eco de la polémica suscitada en torno al evento “La Ciudad de Moda 2015”, evento por el que Julieta Soledad Spina, cuñada de Horacio Rodríguez Larreta y funcionaria porteña, está acusada de haber contratado a su propia firma para el evento.

En ese sentido, Muñoz requirió que se informe la vinculación de Spina con la firma organizadora del evento y con el Gobierno de la Ciudad, además de los pliegos autenticados de la Licitación, los antecedentes de Diada S.A. –la firma en cuestión– el resto de las propuestas y el criterio de selección.

A su vez, Muñoz pidió declarar personalidad destacada en el ámbito del deporte a Juan Román Riquelme, el jugador que brilló en Boca Juniors y culminó su carrera en Argentinos Juniors.

Por otro lado, aunque no de manera consecutiva con los anteriores, pero sí durante este lunes, Muñoz pidió crear la comisión especial para el Fortalecimiento y Seguimiento de la mesa de Trabajo de Parque Avellaneda y para el cumplimiento de la ley Nº 1153, la oficina de objetos extraviados (OFOE) en el ámbito del Ministerio de Seguridad y Justicia, y pidió reglamentar el uso de la Tribuna Popular y reclamó informes referidos a la demolición parcial del Teatro de la Ribera

También solicitó declarar Huésped de Honor al músico Silvio Rodríguez, de interés cultural la muestra “el tesoro de los inocentes: indio en la biblioteca”, conmemorar del cuadragésimo aniversario de la fundación Celcit, realizar homenaje al cantante, Hugo “Peche” Estevez al conmemorarse el cuarto aniversario de su asesinato y realizar un acto de reconocimiento al músico y compositor uruguayo, Yábor.

Ley de Vetos

“Cuando se aplica el poder de veto sobre el legislativo se activa un mecanismo de control que, junto a otros instrumentos, refuerza el concentrado poder del Poder Ejecutivo. El veto, se sabe, es el dispositivo constitucional que faculta al Ejecutivo a declarar su disconformidad con una ley, obligando al legislativo a introducir correcciones o a insistir en su decisión de origen”, fundamentó Muñoz en la presentación.

En su proyecto de ley, basado en los artículos 87 y 88 de la Constitución de la Ciudad,  plantea que luego del veto total o parcial de un proyecto, deberá ser tratado por la Legislatura en un plazo de  noventa (90) días, o vencido ese plazo, en la primera sesión ordinaria siguiente.

La Legislatura deberá expedirse expresamente, insistiendo sobre el proyecto original o aceptando el veto, aunque antes de eso, deberá convocar a una Audiencia Pública Temática de carácter obligatoria “a través del Instituto consagrado en el artículo 63 de la Constitución de la Ciudad, regulado por la Ley Nº 6 y sus normas modificatorias y complementarias”.

Según se afirma en el proyecto, la convocatoria a Audiencia Pública debe realizarse dentro de las 48 hs. de la recepción del veto del Poder Ejecutivo.

Este artículo fue publicado en la Revista Qué el 01/02/2015

El ibarrismo propone regular los vetos del Poder Ejecutivo

El legislador Fernando Muñoz, del FPyP, presentó un proyecto para "jerarquizar el rol constitucional de la Legislatura, ya que cuando se aplica el veto se refuerza el concentrado poder del Ejecutivo".

El legislador Fernando Muñoz (Frente Progresista y Popular) presentó el primer proyecto de ley del ciclo legislativo 2015. El mismo tiene como objeto reglamentar los vetos del Poder Ejecutivo porteño, tal como indican los artículos 87 y 88 de la Constitución de la Ciudad.

La iniciativa establece que una vez ingresado un proyecto de ley vetado o parcialmente por la jefatura de Gobierno, la Legislatura deberá tratar el mismo en un plazo de noventa días desde su ingreso por mesa de entradas. Vencido dicho plazo, el proyecto será considerado en la primera sesión ordinaria siguiente. En tanto que, el Parlamento capitalino deberá expedirse expresamente, insistiendo sobre el proyecto original o aceptando el veto conforme a las mayorías requeridas en cada caso, según lo establece la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Muñoz, compañero de bancada del ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, considera que esta iniciativa “jerarquiza el rol constitucional de la Legislatura, ya que, cuando se aplica el poder de veto sobre el legislativo se activa un mecanismo de control que, junto a otros instrumentos, refuerza el concentrado poder del Ejecutivo”.

Esto se puso de manifiesto durante la gestión de Mauricio Macri, el mandatario porteño que más leyes ha vetado en la historia de la Ciudad. Entre los vetos más polémicos, pueden recordarse los de la Ley de Aborto no Punible, la Ley de Fábricas Recuperadas y la creación del Programa de Inclusión Laboral para jóvenes en situación de vulnerabilidad social, entre otros. Por este motivo, el legislador ibarrista considera “imprescindible” establecer algún tipo de mecanismo que tienda a disminuir la discrecionalidad y arbitrariedad de la institución del veto

Asimismo, la iniciativa establece que “toda vez que un proyecto de ley sancionado por la Legislatura sea vetado de forma total o parcial por el Poder Ejecutivo, el Presidente o Presidenta de la Legislatura deberá convocar, previo a la decisión de aceptación o insistencia por parte del organismo, a una Audiencia Pública obligatoria a través del Instituto consagrado en el artículo 63 de la Constitución de la Ciudad”. De esta forma, se busca promover la participación de la ciudadanía y permitir la expresión de su opinión acerca de los proyectos de ley vetados.

Este artículo fue publicado en www.noticiasurbanas.com.ar el 02/02/2015

El inquilino en su laberinto

Uno de cada tres porteños alquila. Gasta en ello entre el 30 y el 40% de sus ingresos. Se le exigen condiciones leoninas y no existe ley local que lo proteja.

Alquilar una vivienda puede resultar una verdadera odisea. Requisitos abusivos, garantías imposibles, precios exorbitantes y cartelización del mercado inmobiliario son algunos de los escollos que los porteños padecen a la hora de alquilar un techo donde vivir. La ausencia de una ley que regule el mercado de alquileres deja a los inquilinos librados a su suerte.

Hasta no hace muchos años, para la clase media alquilar departamento en la Ciudad era un paso previo, casi obligado, en el camino a la compra de la vivienda propia. Pero esos tiempos quedaron atrás. Si hay una tendencia que -efectivamente- no pareciera tener techo, es la inquilinización de la Ciudad: hay cada vez más inquilinos y menos propietarios.

El porcentaje no para de crecer desde 2001: uno de cada tres porteños alquila. Según estadísticas oficiales, a pesar de haber atravesado un boom de la construcción (se sumaron más de 150 mil viviendas nuevas), la cantidad de inquilinos en la Ciudad pasó del 22,1% en 2001 a más del 33% en la actualidad.

Pasado en limpio, significa que un millón de personas alquilan unas 370 mil viviendas.

¿Quiénes son, dónde y cómo viven? La Ciudad no lo sabe. La Dirección General de Estadística y Censos prepara para presentar en mayo un índice que incluirá el perfil de los inquilinos, según adelantaron a Diario 2 fuentes de ese organismo. El legislador del Frente Popular y Progresista, Fernando Muñoz, detectó esta necesidad y lanzó una encuesta online que ' .permite una aproximación a este universo. De la muestra de más de 600 casos se extrae que casi la mitad de los inquilinos tiene entre ¿6 y 35 años, y viven repartidos entre Caballito, Almagro, Balvanera y Palermo; para la mayoría el alquiler representa entre el 30 y el 40% de sus ingresos. Y el dato más alarmante: el 70% considera que no puede comprar una vivienda.

El gobierno reconoce que los porteños se alejan cada vez más de la posibilidad de ser propietarios.

Según el índice elaborado por Estadísticas de la Ciudad presentado a principios de febrero, que mide el salario en relación con el valor nominal de un departamento de 70 m?, la brecha se amplió en 50 puntos porcentuales debido a la suba de los precios inmobiliarios y la ausencia de créditos hipotecarios.

El crecimiento de la masa de inquilinos y la imposibilidad, cada vez más profunda, de acceder a la vivienda propia son indicadores que están estrechamente conectados por la lógica. El que no puede comprar alquila. Y si comprar se hace cada vez más difícil, ¿qué pasa con los alquileres? Suben el precio y amplían requisitos.

La regulación del mercado de alquileres está sujeta a la ley nacional de locaciones, que fija cuatro cuestiones medulares: la duración del contrato (mínimo tres años), la obligación de un mes de depósito de garantía en favor del propietario, la presentación de una garantía y la imposibilidad de indexar (aumentar) los precios. Además, en la Ciudad rige la ley 2340, que creó el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios y que estipula un tope de comisión del 4,15%.

Más allá de la colegiatura inmobiliaria, en la Ciudad lo que impera es la ley de mercado, que deja a los inquilinos a merced de requisitos cada vez más abusivos.

La realidad indica que la duración promedio de los con tratos es de dos años, a pesar de que la ley establece un mínimo de tres.

En vez de un mes de depósito en caución como garantía por año de alquiler, se piden hasta tres y, en algunos casos, cuatro. Se pactan aumentos mestrales, sujetos a ren nes. Las inmobiliarias, en ta brepasan con creces el porcent de comisión. Y las garantías se restringen a propiedades radicadas en la Ciudad. "Las inmobiliarias eluden el cumplimiento de la ley, no dan recibos y armaron un gran mercado negro paralelo", indica a Diario Z ^ ^ el legislador Fernán- ¿fifrt do Muñoz, quien presentó diversas iniciativas para proteger al inquilino.

"No hay control, no hay un espacio de negociación; el gobierno está ausente.

Está la familia que busca un departamento de un lado y la corporación inmobiliaria del otro, que fija las condiciones", agrega.

El círculo de desprotección se cierra con una paradoja: según la ley, quienes deben controlar a las inmobiliarias son... las mismas inmobiliarias. Y es más: si uno quisiera denunciar este tipo de abusos en el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios, debe pagar una tasa de 360 pesos. Como leyó: hay que pagar para denunciar.

Desde Defensa al Consumidor de la Ciudad aclararon que si bien inmobiliarias pueden plantear su incompetencia, este organismo puede "tomar parte" en los conflictos con los inquilinos. "Siempre y cuando intervenga una inmobiliaria como proveedor, Defensa al Consumidor puede intervenir", aseguran.

LA LEY AUSENTE Como dijimos, en la Ciudad rige la ley de mercado, que surfea sobre las expectativas económicas.

En la Legislatura porteña se han presentado, desde 2008, numerosas iniciativas para intentar regular los alquileres. Todas chocaron con la postura del PRO, partidario de no intervenir. De ese modo, quedaron en el camino proyectos del Frente para la Victoria, de la Coalición Cívica, del ibarrismo y de Bien Público. La idea que sobrevuela es la necesidad de poner un coto a la especulación, identificar y gravar con impuestos a las viviendas ociosas (se calcula, informalmente, que son unas 120 mil), y crear un ámbito de regulación y solución entre inmobiliarias e inquilinos.

El último proyecto en danza fue presentado por Muñoz. Apunta a crear una Oficina de Atención a Inquilinos en el ámbito de la Defensoría del Pueblo. "Hoy el porteño no tiene adónde recurrir en caso de abusos", asegura el legislador.

La iniciativa está a tono con otras similares que se llevaron a cabo en La Plata y en Santa Fe, donde existe un ámbito de mediación.

Desde la Defensoría ven con buenos ojos el proyecto y aseguran que ya están trabajando sobre el tema. Al respecto, Nora Cataño, directora del Consejo de Mediación, Conciliación y Arbitraje, asegura que aún no está individualizada la temática de los inquilinos, pero que sería importante "investigar y sistematizar toda la información" para elaborar soluciones. "Es un tema complejo, donde entran en colisión el derecho a la vivienda, a la propiedad y las leyes regulatorias", dice Cataño.

Según la encuesta del legislador, el 60% de los inquilinos alquila mediante inmobiliaria e identifica como principales escollos, además del precio, la comisión y la garantía. "La idea es que la comisión sea compartida entre inquilino y propietario, que los contratos sean de tres en vez de dos años y que el Estado sea el proveedor de la garantía", explica Muñoz.

En Uruguay, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente cuenta con un Fondo de Garantía de Alquiler a través del cual, cumpliendo ciertos requisitos de ingresos máximos, se otorgan garantías con respaldo del Estado. Asimismo, cuenta una línea de otorgamiento de garantías especiales para jóvenes, que incluye la posibilidad de alquileres colectivos.

En el macrismo, sin embargo, no creen que la regulación del mercado sea la solución a los males del inquilinato. "Estos proyectos lo único que van a provocar es una retracción de la oferta", indicó a Diario I un asesor de vivienda del PRO. Es más, en el oficialismo creen que la Legislatura "no tiene potestad" para legislar en la materia: "La ley de locaciones es de fondo y es competencia del Congreso Nacional. Si hay algún problema, es un contrato entre privados y pueden hacer una demanda o una denuncia en Defensa al Consumidor", explican.

En efecto, existe un debate latente sobre si la Ciudad puede o no legislar al respecto. El abogado y presidente de la Unión Argentina de Inquilinos, Ricardo Botana, asegura que más allá de esa discusión, la Legislatura puede crear herramientas para proteger a los inquilinos.

"Es necesario avanzar en la modificación de la ley nacional y, al mismo tiempo, en una regulación local para frenar los abusos permanentes", explica a Diario Z.

¿Por ejemplo? "Gravar los inmuebles ociosos para aumentar la oferta y regular la actividad inmobiliaria, como para empezar", dice Botana.

"Es evidente que el gobierno no ha logrado plasmar un programa para paliar la crisis habitacional. Para eso se necesitan normas y la injerencia del Estado en favor del más débil, es decir, el inquilino", agrega.

A fines de 2014, el gobierno porteño lanzó el programa "Alquilar se puede". Se trata de un crédito otorgado por el Banco Ciudad para afrontar los altos costos que supone entrar en un alquiler.

El préstamo debe devolverse durante los 24 meses del contrato.

Si no se paga durante dos meses, se intima al desalojo. También se ofrece una garantía en forma de deuda a una tasa del 19,5%. El programa está apuntado a familias jóvenes, de hasta 35 años, con ingresos de entre uno y dos salarios mínimos ($4700 a $9400), y de entre dos y cinco salarios mínimos ($9400 a $23.500). Además, incluye para empleados informales, un plan de ahorro previo de cuatro meses y un préstamo a tasa subsidiada. Asimismo, bancos privados ofrecen garantías a los propietarios a cambio de una comisión de los inquilinos.

¿REGULAR? NO, GRACIAS El mercado también recha rechaza cualquier tipo de regulación.

Roberto Arévalo, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), coincide con el PRO en cuanto a que regular los alquileres producirá una "retracción en la oferta, que hoy es muy amplia".

En concreto, las condiciones del mercado se fueron adaptando a la coyuntura económica. A partir de 2011, la compraventa de inmuebles cayó a sus mínimos históricos.

La situación se vio agravada por la ausencia de créditos hipotecarios.

Los departamentos construidos para la venta o como reservas de valor se pusieron en alquiler y, ergo, la oferta se amplió. Esto le puso un techo a los aumentos de los alquileres, que según la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) corren detrás de la inflación medida por las consultoras privadas. Por caso, el 2014 cerró con un aumento promedio del 28,2% para los departamentos de dos ambientes.

Desde el sector inmobiliario aseguran que alquilar una vivienda dejó de ser un buen negocio. La renta histórica (sobre el valor de la propiedad) se ubicaba en el 12% anual. Hoy alcanza apenas el 4%.

"Como el propietario tiene el departamento para tener una renta y no para tenerlo vacío, no se va a abusar", razona Arévalo.

La vivienda del encargado, un espacio común que no se puede alquilar

E n prácticamente la totalidad de los edificios de la Ciudad existe un departamento destinado a la vivienda del encargado. Este beneficio está protegido y por eso resulta prácticamente imposible convertirlo en objeto de renta para el consorcio.

En efecto, el departamento destinado al encargado figura como espacio común, una caracterización similar a los pasillos y terraza del edificio. Si quisiera cambiarse dicha nominación, habría que modificar los planos de todo el edificio, lo cual resulta muy costoso. Además, el consorcio no está habilitado para facturar y debería inscribirse en la AFIP para poder hacerlo. En todos los casos, si quisiera alquilarse o venderse dicho departamento, la decisión debe tomarse por unanimidad en asamblea de propietarios.

CECILIA DE LA TORRE "Hay propuestas disparatadas" Para la legisladora del PRO, integrante de la comisión de vivienda, los proyectos de la oposición son inviables.

La oposición apunta hacia la regulación del mercado de alquileres, ¿qué postura tiene el PRO al respecto? Posturas como las de Gustavo Vera, que plantean que aquellas personas que mantengan unidades ociosas por más de seis meses abonen hasta 1000% más de impuesto inmobiliario, son disparatadas. En primer término, porque el mercado no depende de una de las partes, sino de ambas. Actualmente la CABA posee más de 900 mil viviendas en alquiler, y no se alquilan por la inflación y por la incertidumbre económica que genera el año electoral y los vaivenes políticos de un gobierno que piensa en el corto plazo.

Respecto al proyecto de Muñoz de crear una oficina que regule los contratos, éste no apunta al verdadero objetivo, que es que los plazos de los alquileres se extiendan en el tiempo (de dos a tres años). Ese objetivo, con las condiciones económicas actuales, es imposible.

No sólo porque hay una enorme cantidad de personas que no cobran salario en blanco ni tienen avales que aseguren solvencia económica a futuro, sino que la inflación les termina devorando el salario y la capacidad de ahorro es inexistente.

Entonces, ¿qué medidas podrían tomarse para frenar los abusos sobre los inquilinos? No creo que haya abusos sobre los inquilinos. Al contrario, dada la caída del mercado inmobiliario, se produjo un derrumbe de la rentabilidad que sufrieron los propietarios en los últimos años. Se modificó la creencia dé que tener vivienda propia provee una rentabilidad interesante. Ya no es cierto. De hecho, en la Ciudad de Buenos Aires hay una sobreoferta de alquileres a disponibilidad que, compitiendo entre sí, mantienen costos que benefician a los futuros inquilinos. Por otra parte, dada la espiral inflacionaria, los sueldos de los inquilinos no pueden afrontar los aumentos esperados por los aumentos de los costos de los propietarios.

¿A qué organismo del Estado porteño puede dirigirse un inquilino cuando se le exige más de lo estipulado en los contratos de locación? Ante consultas o reclamos el organismo es la Dirección de Defensa del Consumidor. Usualmente interviene y asesora en casos donde el propietario exige indexar por contrato el valor del alquiler de su propiedad, hecho que está prohibido por la legislación vigente.

¿Cómo cree que podría frenarse el proceso de inquilinización vigente en la Ciudad? El proceso de inquilinización no es un fenómeno propio de la Argentina o la Ciudad de Buenos Aires. En Europa, sin ir más lejos, los países con mejor nivel de vida son aquellos en que la mayoría de sus habitantes alquilan una vivienda (Suiza encabeza la lista seguido por Alemania, Austria, Francia y Dinamarca). La ciudad de Buenos Aires ofrece garantías, préstamos y subsidios para alquilar propiedades y este año lanzará el programa "Alquilar se puede" que se instrumentará entre el IVC y el Banco Ciudad, que se suma a los programas "Primera casa BA" y "Mi casa BA" que ofrecen a largo plazo los créditos hipotecarios más bajos del país. Este nuevo sistema a implementar dará préstamos con tasa de 19,5% a devolver en 23 cuotas, subsidios de hasta el 60% del valor del alquiler y un sistema de ahorro previo para las personas que no tienen ingresos en blanco. También se lleva a cabo el programa Viviendas Cooperativas (Autogestión para la Vivienda Ley N° 341), donde se trabaja paso a paso con financiamiento por etapas de construcción.

GABRIELA ALEGRE “ La Ciudad carece de una política de vivienda social"

Para la jefa del bloque del Frente para la Victoria, hay que regular alquileres y promover el crédito hipotecario.

¿Es necesario regular los alquileres? Es fundamental, porque cerca de un millón de porteños accede a la vivienda mediante el alquiler. Esa enorme demanda produce que, en muchos casos, los inquilinos se vean obligados a aceptar condiciones y cláusulas abusivas. Por otra parte, existe otro grave problema en la Ciudad que es la cantidad de viviendas vacías, un 20% del total. Asimismo, se sabe que existen alrededor de 500 mil personas con déficit habitacional. El Estado no puede permanecer indiferente a esta situación. Por esta razón, desde el Frente para la Victoria presentamos un proyecto para establecer un impuesto a la vivienda ociosa o deshabitada con el objeto de promover que dichos inmuebles se vuelquen al mercado de alquileres, aumentando la oferta y bajando el costo de su alquiler.

Desde el PRO dicen que la Legislatura no tiene potestad porque hay una ley nacional...

El PRO no quiere tratar el tema por su clara inclinación a dejar todo en manos del mercado, rechazando cualquier intervención estatal por más necesaria que sea. La creación de un impuesto a la vivienda ociosa está especialmente incluido tanto en la Ley de Alquileres como en la Constitución de la Ciudad. No se avanza porque no se quiere avanzar. En cuanto a la supuesta falta de potestad de la Legislatura, hay que decir que el derecho a la vivienda es un derecho constitucional, reconocido por numerosas normas internacionales de protección de derechos humanos y también en la Constitución de la Ciudad. Lo que es nacional es la regulación del contrato de locación y el límite que tiene la Ciudad es esa regulación; es decir, la Ciudad no puede entrar en contradicción con la ley nacional, pero sí puede complementarla.

Desde el interbloque del FpV queremos trabajar en esta temática y hemos presentado varios proyectos. • ¿De qué manera podría aliviarse la situación de los inquilinos? Nuestra iniciativa propone, por ejemplo, fijar un tope de medio mes de alquiler para los honorarios de las inmobiliarias.

Actualmente el máximo es de 4% del valor del contrato.

También proponemos limitar el monto de depósito que se solicita a la firma del contrato; establecer que los propietarios sean quienes paguen las tasas, contribuciones e impuestos que recaen sobre el inmueble y las expensas extraordinarias o fondo de reserva; impedir que el propietario obligue al inquilino a contratar seguros a favor del locador; que se le exijan garantías inmobiliarias exduyentemente de inmuebles radicados en la Ciudad y promover un sistema de garantías bancarias como alternativa al de garantías inmobiliarias.

¿Por qué cree que hay cada vez más inquilinos y menos propietarios? La Ciudad no tiene una política de acceso al crédito hipotecario para vivienda social. Cuando se analiza la política crediticia para la compra de vivienda del Banco Ciudad, sólo el 12% del monto prestado fue destinado a vivienda social. A ello se suma que el Instituto de la Vivienda prácticamente ha paralizado el otorgamiento de créditos a particulares y cooperativas para la construcción o compra de viviendas. En definitiva, el Gobierno de la Ciudad no tiene una política para que aquellos que hoy alquilan puedan acceder a su vivienda.

Las viviendas construidas configuran una oferta inaccesible para jóvenes y familias.

En villas, hoteles y pensiones, los más desamparados

En los últimos años, además del proceso de inquilinización de la clase media, hubo un crecimiento exponencial de las villas porteñas. Se contabilizan 43, que albergan -según el gobierno porteño- unas 270 mil personas. Además, en paralelo, floreció un submercado inmobiliario de alquileres informales.

No hay números oficiales, pero los casos se cuentan de a miles y se cree que alrededor de un 30-40% de los habitantes alquila en las villas. Las condiciones son por demás abusivas. Por caso, en la Villa 31 de Retiro se llega a pagar más de 2 mil pesos por una habitación sin servicios. La situación se repite en el resto de los asentamientos. Según testimonios recogidos por Diario Z en el Barrio Papa Francisco, desalojado y demolido en agosto de 2013, la mayoría de los ocupantes eran inquilinos que pagaban entre 1500 y 2 mil pesos por piezas minúsculas en la Villa 20 de Villa Lugano.

La primera dificultad para los villeros a la hora de acceder al mercado formal es la marcada precariedad en la que subsisten. Según la Dirección General de Estadística y Censos, en Buenos Aires el 21% de los trabajadores está en la informalidad. Además, la tasa de desempleo es del 6,2%.

Entre la población de las villas, si bien el 70% tiene un trabajo, sólo el 8,7% es empleado formal, mientras el 10,3% es desempleado. En esas circunstancias, acceder a una garantía es una verdadera quimera.

La situación de los que alquilan habitaciones en inquilinatos, conventillos y hoteles-pensión también es complicada. Se trata de un universo cambiante, pero que contempla unas 115 mil personas, según el censo 2010. La Dirección de Estadísticas porteña dice que representan el 4,3% del total de viviendas. Allí hay familias que viven en forma continuada, pero en carácter de pasajeros en tránsito. "Es una situación terrible, porque ni siquiera cuentan con la protección de un contrato, pueden ser echados de un día para el otro y sin amparo de ninguna ley", explica Ricardo Botana, presidente de la Unión Argentina de Inquilinos.

Este artículo fue publicado en Diario Z en la edición impresa del 26/02/2015

Un legislador porteño propone regular el "derecho al olvido" en las búsquedas de Internet

El ibarrista Fernando Muñoz propuso una medida que regule los resultados de las búsquedas en Internet cuando afecten el honor de terceros.

Un legislador porteño presentó un proyecto de ley para regular el denominado "derecho al olvido". Esto implica el derecho de los usuarios de solicitarle a los motores de búsqueda que dejen de linkear contenido que puedan considerar ofensivo hacia su persona.

En la iniciativa, que fue presentada ante el órgano legislativo de la ciudad de Buenos Aires por el ibarrista Fernando Muñoz, se establece que "toda persona tiene derecho a exigir de los motores de búsqueda o sitios web la eliminación de sus datos e información personales dentro de los cinco (5) días de efectuado el pedido". A su vez, en caso de que la empresa no responda, el pedido, se tomará por denegado y eso habilitará al usuario de internet a ejercer la "Acción de Olvido", consistente en una presentación el fuero Contencioso Administrativo Federal para convocar a una audiencia entre las partes.

La norma dice también que el motor de búsqueda solo será responsable civilmente por el daño ocasionado por contenidos de terceros si hubiera sido notificado de la orden de suprimir el contenido y no hiciera lugar a la misma.

En sus fundamentos, argumenta que "la realidad tecnológica que hoy nos toca ha generado un peligro potencial de daño antes desconocido derivado de la eventualidad de obtener información confidencial así como de difundir a terceros datos personales inexactos, incompletos, desactualizados y de un modo que ni siquiera nuestra lógica es capaz de comprender a veces".

"Hasta el presente las fronteras de la privacidad estaban defendidas y protegidas por el tiempo y el espacio, pero resulta que uno y otro, en tanto límites, han desaparecido", añade en sus considerandos.

Este artículo fue publicado en www.eldestapeweb.com el 23/02/2015

Fernando Muñoz presentó un proyecto para la protección de datos personales en Internet

El diputado del Frente Progresista y Popular enfatizó en la necesidad de aprobar una ley que permita la eliminación de información perjudicial para los usuarios de Internet.

El legislador porteño Fernando Muñoz (FPP) propuso un proyecto de ley que contemple" la protección de datos personales pertenecientes a personas físicas y jurídicas difundidos por sitios web o motores de búsqueda que puedan afectar el derecho a la identidad personal, a la privacidad, a la imagen y al honor".

La iniciativa definida como "Ley del derecho de olvido" exceptúa a las personas de carácter público sobre las que exista “interés especial” de información por parte de los ciudadanos.

La norma propulsada por el diputado -que cuenta con la adhesión de su compañero de bloque, Aníbal Ibarra- establece que dentro de los cinco días de efectuado el pedido, los sitios web tienen la obligación de eliminar el contenido perjudicial. La solicitud se podrá emitir en forma escrita, este recurso recibirá el nombre de "acción del olvido".

Muñoz afirmó que “es necesario ajustar nuestra legislación a los estándares internacionales, en los países que integran la Unión Europea existen ya múltiples cuerpos normativos que establecen este derecho para los usuarios de Internet”.

Y además señaló: “los más diversos datos son factibles de ser compilados, permitiendo a quienes los disponen a acceder a un conocimiento cabal de actitudes, hechos, o pautas de comportamiento que, sin duda pertenecen a la vida privada de las personas. Pero esa no es la única consecuencia, el conocimiento ordenado de esos datos puede dibujar un perfil de la persona o configurar una determinada reputación posteriormente valorada en forma favorable o desfavorable para las más diversas actividades”.

Este artículo fue publicado en www.parlamentario.com el 23/02/2015

Alquileres: otra deuda pendiente del macrismo en la Ciudad

Al macrismo no le preocupa ni entiende el problema de los inquilinos. Se siente cómodo entre constructoras, especuladores e inmobiliarias. Ofrece soluciones ridículas y tan insignificantes que el mercado se las consume inmediatamente. Que un propietario acompañe a un potencial inquilino al Banco Ciudad para exhibir su escritura y conseguir una garantía, suena a una farsa, cuando ese propietario tiene para elegir entre la desesperación y la urgencia de decenas de familias que están esperando para poder alquilar. La única solución es meter mano en la ley y no hacerse más el distraído: tres años de contrato; control a las inmobiliarias y sus comisiones desmedidas; y creación de una oficina pública de negociación.

Debido a las dificultades que muchas personas tienen para acceder a una vivienda propia, una porción importante de la población se ve en la necesidad de alquilar. Actualmente, alrededor de un tercio de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra en esa situación. Sin embargo, también es dificultoso poder ingresar a un contrato de alquiler: se exige como garantía una propiedad en CABA o, en el mejor de los casos, en la Provincia de Buenos Aires; las comisiones inmobiliarias que se deben pagar son muy altas y suelen triplicar lo que establece la Ley N° 23.091 de alquileres; a eso se le suma el pago de un depósito y la cuota entrante, con la cual se deben pagar cuatro alquileres juntos.

Por estas razones, es necesaria la elaboración de un plan de acción que busque revertir los abusos de un mercado que especula con un derecho fundamental: el de la vivienda. Es así que en vistas a avanzar con un proyecto de ley que genere una relación más justa entre inquilinos y el mercado inmobiliario, surge la Primera Encuesta de Inquilinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de una iniciativa propia, con el propósito de relevar las opiniones de quienes alquilan en la Ciudad.

El cuestionario consta de un total de 14 preguntas que inquieren sobre la edad y barrio de residencia de los inquilinos, si alquilan mediante inmobiliaria o a dueño directo; el mayor problema al alquilar; conocimiento de la Ley de alquiler vigente; porcentaje del sueldo destinado al alquiler; percepción de posibilidad de acceso a una vivienda propia; responsabilidades sociales de la situación de los inquilinos y percepción de posibilidad de mejora.

Este artículo fue publicado en La Tercera Posición el 02/02/2015