El organismo se establecería dentro del ámbito de la Defensoría del Pueblo y tendría por objeto el asesoramiento y la defensa de los inquilinos de propiedades y residentes en hoteles familiares o pensiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El legislador porteño Fernando Muñoz (Frente Progresista y Popular) elevará un proyecto que garantice una dependencia de asesoramiento jurídico a los inquilinos de la Capital Federal. Tras haber culminado la encuesta virtual a inquilinos- impulsada por el diputado durante el mes de enero- los resultados arrojados demostraron que más del 45% de los porteños destinan entre el 30,7% y el 50% de su salario para el alquiler y más del 70% considera que no puede tener acceso a una vivienda propia. En orden de relevancia, se consideran los principales inconvenientes para alquilar: el 56% las comisiones que se pagan, un 54% las garantías y el 50% el monto del alquiler.
El proyecto de ley propuesto por Muñoz, y apoyado por su compañero de bloque Aníbal Ibarra, establece que las funciones de la Oficina de Atención a Inquilinos serán prestar asesoramiento jurídico gratuito a los inquilinos, ofrecer una instancia de conciliación voluntaria para problemas suscitados entre inquilinos, propietarios e inmobiliarias; recibir reclamos y promover la participación de la Ciudad en la proyección de los derechos de los inquilinos, entre otras.
Además, la Oficina creará un registro voluntario de inquilinos y propietarios, realizará acciones de concientización sobre los derechos de los inquilinos y producirá informes periódicos sobre sus actividades que contengan indicadores de complimiento de los servicios de la Oficina.
Respecto de su iniciativa, el diputado sostuvo que “en la Capital Federal, la población de inquilinos representa un 30 %, esto significa 350.000 viviendas que se encuentran en alquiler en una ciudad que tiene la particularidad de tener, prácticamente, un 50% de viviendas en relación a la población. La población no crece, lo único que crece es la construcción. En ese contexto, se torna cada vez más exigente los requisitos para alquilar, el mercado pone las condiciones y el Gobierno de la Ciudad no interviene para nada”.
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